El campo andaluz reclama al Ministerio de Agricultura medidas extraordinarias ante la situación de fuerza mayor provocada por el tren de borrascas registrado este otoño e invierno. ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía han solicitado de forma conjunta una ampliación del plazo de presentación de la Solicitud Única de la PAC 2026 hasta el 15 de junio para evitar la pérdida de ayudas.
La persistencia de las lluvias ha generado daños severos en infraestructuras, retrasos significativos en las siembras e imposibilidad de planificación para miles de explotaciones. Las entidades advierten de que la negativa del Ministerio a ampliar el plazo central, sumada a la sobrecarga administrativa que soportan las oficinas técnicas, puede derivar en errores de tramitación o en expedientes incompletos por causas ajenas a los productores.
Incertidumbre fiscal en la campaña de la renta
Además de la gestión de la PAC, el sector denuncia un retraso injustificado por parte del Ministerio de Hacienda en la publicación de los índices de rendimiento neto para la declaración de la renta. A pesar de que la campaña del IRPF comenzó el pasado 8 de abril, todavía no se han publicado en el BOE las correcciones de los módulos que deben recoger la realidad de los cultivos y zonas afectadas durante el ejercicio 2025.
De cara al futuro, el colectivo demanda reducciones fiscales especiales para la campaña de renta de 2027. Estas medidas deberían beneficiar a las explotaciones damnificadas por las inundaciones recientes, tal como se contempla en el Real Decreto-ley 5/2026. La petición incluye tanto a los productores en régimen de módulos como a los de estimación directa que han sufrido pérdidas de cosecha e incremento de costes.
Las organizaciones consideran imprescindible que la fiscalidad agraria se adapte a la capacidad económica real de los profesionales, mermada por el encarecimiento de insumos como energía, fertilizantes y piensos. Recuerdan que Andalucía lidera el valor de la producción y el empleo agrario en España, aportando más de un tercio de la renta agraria nacional.
El sector apela a la sensibilidad del Gobierno central para asegurar la correcta tramitación de los recursos y evitar un perjuicio económico añadido a una campaña ya marcada por la inestabilidad meteorológica. Según las entidades firmantes, la continuidad de la actividad productiva en la región depende de una respuesta institucional inmediata y coordinada.
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