La Comisión Europea ha abierto este lunes en el Consejo de Ministros de Agricultura el debate sobre uno de los cambios estructurales más profundos de la futura PAC: reemplazar la actual ayuda básica a la renta por superficie —el BIS, Basic Income Support— por un nuevo instrumento degresivo que redistribuiría el apoyo en función de las necesidades reales de cada explotación. El nuevo mecanismo, denominado DABIS (Degressive Area-based Income Support), centraría el grueso de los pagos directos en los agricultores que más dependen de ellos, con límites explícitos para las grandes explotaciones. La definición de agricultor activo, igualmente pendiente, ha completado un orden del día que marca el inicio del debate de fondo sobre la arquitectura del período post-2027.
Del café para todos al pago a medida
El BIS, vigente desde la reforma de 2013, distribuye ayudas por hectárea con una horquilla que en la actualidad oscila entre 118 y 600 euros según el Estado miembro —una dispersión que la Comisión considera insostenible. El DABIS propuesto fijaría un pago medio nacional de entre 130 y 140 euros por hectárea, con degresividad obligatoria para los beneficiarios que superen los 180.000 euros en pagos recibidos y un techo para aquellas explotaciones que sin limitación recibirían más de 250.000 euros.
El comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, ha defendido la propuesta con un argumento que mezcla equidad y eficiencia: «Es difícil explicar que un agricultor en un Estado miembro está sujeto a la degresividad y a la limitación y otro agricultor en otro Estado miembro tiene menos». A su juicio, el dinero generado por esos recortes no sale del sector sino que se reinvierte dentro del sobre nacional, en modernización o en estrategias medioambientales según elija cada Estado. Ha recordado además que en 2022 el Banco Europeo de Inversiones cifró la brecha de inversión agrícola europea en 62.000 M€.
Hansen ha subrayado también la dimensión generacional del nuevo modelo. Los jóvenes agricultores, que representan solo el 12% de la población agrícola de la UE, recibirían apoyo diferenciado por sus mayores necesidades de renta. En el otro extremo, los agricultores en edad de jubilación quedarían excluidos del DABIS para liberar tierra y favorecer el relevo, con un período de transición.
España, el único que ya lo hace
Luis Planas ha respaldado la orientación de la propuesta y ha recordado que España llega a este debate con ventaja: es el único Estado miembro que aplica simultáneamente política redistributiva, fondos retributivos y capping en su Plan Estratégico 2023-2027. «Lo hemos hecho ya en España», ha afirmado el ministro, que ha presentado los datos del informe 2025: 582.885 declarantes, 22,1 millones de hectáreas y una PAC que representa el 17% de la renta agraria nacional.
Pero Planas ha puesto también un límite claro al entusiasmo redistributivo: «No confundamos el dirigir específicamente con recortar los fondos de la PAC». La cantidad movilizada en España con los mecanismos actuales es, en sus palabras, «evidentemente limitada», y cualquier detracción adicional tendría efecto negativo. El ministro ha planteado además que la degresividad debería modularse según territorio, tipo de cultivo y la especificidad de cooperativas y otras figuras asociativas, no solo por tamaño de explotación.
Una definición que no puede esperar más
Al margen del DABIS, Planas ha reclamado que el Consejo cierre en esta misma sesión la definición de agricultor activo: «La tenemos que decidir en este Consejo», ha dicho, advirtiendo de que sin ese acuerdo es imposible diseñar una política agrícola coherente. Ha vinculado la cuestión al umbral para pequeños agricultores, que España sitúa en 5.000 euros como criterio de simplificación.
Hansen, por su parte, ha cerrado su intervención con un mensaje de apertura: «Trabajaremos con la Presidencia para ver cómo adaptar ciertas disposiciones para hacer frente a sus preocupaciones, sobre todo en cuanto a la degresividad y el capping».
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