Las principales organizaciones profesionales agrarias (ASAJA, COAG, UPA y Unión de Uniones) han mostrado ayer su rechazo unánime ante la situación de indefensión que atraviesa el sector productor tras la reunión sectorial mantenida en el Ministerio de Agricultura. Los representantes de los ganaderos denuncian que la industria láctea está imponiendo de forma unilateral bajadas de precios que no responden a la realidad del mercado, en un momento marcado por el incremento de los costes de producción derivados de la inestabilidad internacional.
Ramón Artime, presidente de la sectorial de vacuno de leche de ASAJA, ha calificado la situación de muy complicada porque «la industria impone y no negocia», lo que impide cualquier avance real en la valorización del producto. Según Artime, el sector no entiende cómo se ha pasado de una falta de leche hace dos meses a que de repente sobre leche por todas partes, justificando así recortes de hasta 10 céntimos por litro que resultan inasumibles para las granjas.
El incumplimiento de los plazos legales y el valor destruido
La presión de la industria ha llevado a situaciones críticas en regiones como Galicia, donde el sector advierte de que se está destruyendo valor de forma deliberada. Isabel Villalba, representante del Sindicato Labrego Galego y COAG, ha denunciado que «hay ganaderías que hoy mismo están tirando la leche al no firmar caídas de precio» debido a que las empresas solo han dado un margen de cinco días para aceptar las nuevas condiciones. Villalba recordó que la normativa vigente exige un preaviso de dos meses si la industria decide no recoger la producción, por lo que consideran que «estamos totalmente desprotegidos e indefensos ante actuaciones que comprometen el futuro del sector».
Por su parte, Roberto García, secretario general de Unións Agrarias (UPA), ha ido más allá al denunciar que «estamos ante un nuevo cartel de la leche» donde se ha pactado una bajada de precios al margen del mercado para detraer rendimientos de los ganaderos hacia la cuenta de resultados de la industria. García señaló que el Ministerio, aunque constata la actuación unilateral, «recurre a que nos busquemos la vida con la industria» a pesar de que los productores manejan un producto perecedero y carecen de fuerza de negociación.
La distorsión del mercado nacional y el fraude de origen
El sector también ha puesto el foco en la entrada masiva de cisternas procedentes de otros países europeos, que actúan como sumidero de excedentes para presionar los precios a la baja en España. UPA ha anunciado que facilitará a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) un listado de empresas de transporte que introducen leche de Francia y Portugal a precios de derribo para que se realicen inspecciones rigurosas. Ramón Artime coincidió en esta preocupación, señalando que «sabemos que Francia siempre nos utiliza de sumidero» a pesar de que España es un Estado que no produce leche suficiente para abastecer su propio consumo.
Para completar la denuncia, Unión de Uniones y Agromuralla han alertado sobre el impacto que estas prácticas tienen en el consumidor final. David Alonso, responsable sectorial de Unión de Uniones, subrayó que «no hay ninguna necesidad de poner al sector al borde de la quiebra con una bajada del quince por ciento» cuando los datos del propio Ministerio indican que el precio de los derivados lácteos ya está en aumento. Javier, representante de Agromuralla, insistió en que el etiquetado debe ser mucho más claro para evitar estrategias comerciales que «hacen que el consumidor entre en dudas y no sepa finalmente de dónde está comprando el producto».
En este sentido, se recuerda que COAG mantuvo una reunión bilateral con la AICA el pasado lunes, mientras que UPA ha hecho lo propiro durante esta misma jornada. Por su parte, ASAJA ha manifestado que no descarta solicitar un encuentro similar en los próximos días para exigir actuaciones concretas frente a estas irregularidades.
Buen artículo, pero todo sigue igual, osea que estamos en el mismo sitio