El Pleno del Congreso de los Diputados convalidó ayer, con un amplio respaldo de 316 votos a favor, el Real Decreto-ley de medidas urgentes para paliar los estragos de los temporales de enero y febrero. Según detalló el ministro de Agricultura, Luis Planas, el plan moviliza un presupuesto global de 7.000 M€, de los cuales más de 2.100 M€ se destinan exclusivamente a ayudas directas para los titulares de explotaciones agrarias que han sufrido pérdidas de renta en Andalucía y Extremadura.
Un blindaje automático frente al barro
La principal novedad de este paquete de rescate radica en su ejecución administrativa. El Ministerio de Agricultura ha confirmado que las ayudas directas a los agricultores y ganaderos se concederán de oficio, un mecanismo diseñado para evitar el colapso burocrático y garantizar que la liquidez llegue de forma inmediata a los 619 municipios afectados. Esta medida se complementa con una partida de 10 M€ dirigida específicamente a los armadores de buques de pesca con puerto base en Huelva, Cádiz y Málaga, quienes se vieron obligados a amarrar la flota durante los episodios más severos de las borrascas.
El decreto, que ahora iniciará su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se articula en ocho capítulos que cubren desde daños personales hasta beneficios fiscales. En este sentido, el Ministerio para la Transición Ecológica asumirá la financiación íntegra de las obras de reparación en cauces públicos situados en zonas urbanas. Estas subvenciones, que alcanzan el 100 % del coste para las entidades locales, buscan no solo restaurar el entorno, sino adaptar las infraestructuras rurales al nuevo contexto de crisis climática y fenómenos meteorológicos extremos.
Cinco peonadas para sostener el empleo rural
La protección del eslabón más débil de la cadena productiva también tiene un espacio central en la normativa ratificada por la Cámara. Ante la imposibilidad de realizar las labores habituales en el campo por las inundaciones, el Gobierno ha aprobado la reducción de 35 a 5 del número de jornadas reales necesarias para acceder al subsidio agrario y a la renta agraria en las zonas damnificadas. Esta medida laboral se une a las moratorias en las cuotas de la Seguridad Social y al acceso simplificado a la prestación por cese de actividad para los autónomos del sector.
Además de las transferencias directas de capital, el apoyo al sector primario se refuerza con una línea de financiación preferencial. Se han habilitado fondos para subvencionar hasta el 15 % del principal de los préstamos y el coste total de los avales concedidos por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA). Este despliegue técnico pretende asegurar la continuidad de las explotaciones mientras se ejecutan, a través de la empresa pública Tragsa, las reparaciones de emergencia en caminos rurales y sistemas de regadío que resultaron seriamente dañados durante el invierno.
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