La Unió Llauradora exige al Gobierno de España que, en coherencia con las declaraciones públicas realizadas tanto por el PSOE como por el PP en defensa de la aplicación de cláusulas de salvaguardia en el acuerdo con Mercosur cuando hayan distorsiones de mercado, inicie de manera inmediata en defensa del sector citrícola las gestiones ante la Comisión Europea para activar el artículo 34 del Acuerdo UE–SADC (principalmente por el efecto de Sudáfrica) donde se especifica precisamente esas cláusulas de salvaguardia.
La organización ha elaborado un informe técnico que acredita que, desde la entrada en vigor del acuerdo en octubre de 2016, las importaciones totales de cítricos procedentes de Sudáfrica han crecido un 83%, mientras que las de los pequeños cítricos (mandarinas y clementinas) lo han hecho un 303%. Ese aumento no se ha acompañado de un crecimiento equivalente del consumo europeo, lo que implica una clara ganancia de cuota de mercado extracomunitaria en detrimento del productor europeo.
Además, una parte sustancial de estas importaciones se concentra en los meses de septiembre, octubre y noviembre, coincidiendo con el inicio de la campaña citrícola española y valenciana, lo que distorsiona la formación de precios y altera el equilibrio del mercado en el momento más sensible para el sector.
España es el primer productor de cítricos de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana constituye el núcleo productivo del sector. La presión en inicio de campaña condiciona la rentabilidad anual de miles de explotaciones y compromete la sostenibilidad económica, social y territorial de amplias zonas productoras.
LA UNIÓ subraya que los pequeños cítricos no están contemplados en el mismo régimen arancelario que la naranja dentro del Acuerdo UE–SADC, lo que ha favorecido un crecimiento exponencial de las exportaciones sudafricanas en este segmento. En 2025, más del 50% del volumen anual de pequeños cítricos procedentes de Sudáfrica entró antes del mes de enero, coincidiendo plenamente con el arranque de la campaña europea.
Toda esta situación está provocando graves consecuencias estructurales por la desinversión en variedades extratempranas, una reducción del margen comercial en origen y un envejecimiento acelerado del sector. El informe elaborado por LA UNIÓ evidencia también que se han registrado 640 interceptaciones fitosanitarias con plagas o enfermedades procedentes de Sudáfrica en el periodo analizado, lo que confirma que el riesgo no es residual.
Para LA UNIÓ, el debate actual sobre la aplicación de cláusulas de salvaguardia en distintos sectores productivos debe traducirse en hechos concretos cuando se trata del sector citrícola.
El secretario general de LA UNIÓ, Carles Peris, señala que “si PSOE y PP defienden la aplicación de cláusulas de salvaguardia cuando existen distorsiones de mercado, tal y como han declarado con el acuerdo con Mercosur, ahora tienen la oportunidad de demostrarlo con el sector citrícola. Los datos son objetivos y encajan plenamente en los criterios de ‘daño grave’ o, como mínimo, de amenaza de daño grave que prevé la normativa europea”. Peris añade que “no pedimos privilegios ni proteccionismo, sino la aplicación estricta de los instrumentos jurídicos que la propia Unión Europea contempla en el artículo 34 del Acuerdo UE–SADC y en el Reglamento (UE) 2015/478. La apertura comercial no puede implicar la desprotección de un sector estratégico para España”.
Carles Peris insiste en que “hay que trabajar de forma previa una vez que los datos son contundentes y no esperar a la petición de la aplicación de la cláusula de salvaguardia una vez empezada la campaña, ya que en productos frescos si no se aplican medidas correctoras con antelación cuando el mecanismo se pone en marcha es tarde y el daño está hecho”.
En resumen, LA UNIÓ solicita al Ministerio de Agricultura que inicie formalmente las gestiones ante la Comisión Europea para la apertura de una investigación sobre la existencia de daño grave o amenaza de daño grave. Así mismo, debe activar un mecanismo de vigilancia reforzada en el periodo de septiembre a noviembre, además de evaluar la aplicación de medidas de salvaguardia de duración limitada y, finalmente, impulse la inclusión de los pequeños cítricos en un régimen específico que evite la actual distorsión estructural del mercado. La organización considera imprescindible que España ha de liderar esta iniciativa en defensa del sector citrícola europeo, garantizando un equilibrio real entre apertura comercial y protección de los sectores productivos estratégicos.
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