El sector agroalimentario español se encuentra en una cuenta atrás normativa que definirá el control de los sumideros de carbono durante las próximas décadas. Tras la entrada en vigor en diciembre de 2024 del Reglamento (UE) 2024/3012, se abre por primera vez un mercado europeo de certificación del carbono agrícola. Bruselas tiene hasta 2027 para aprobar las metodologías que lo harán plenamente operativo; sin embargo, durante el año 2026, España debe transponer este marco y decidir qué perfiles podrán acceder al sistema. Ante este escenario, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha advertido que, si la normativa nacional no exige vincular la certificación a la figura del agricultor activo, el sistema corre el riesgo de ser acaparado por fondos de inversión.
El riesgo de financiarización de la tierra agraria
Mientras que el potencial técnico y científico de los suelos es innegable, el documento de COAG señala que el diseño normativo presenta fisuras. El principal temor reflejado en el informe radica en la «financiarización» del mercado de tierras. La organización advierte del riesgo de que las nuevas normativas incentiven la adquisición de grandes superficies de secano por parte de entidades financieras ajenas al sector primario. El objetivo sería plantar cubiertas vegetales certificadas para generar y vender créditos, pero sin mantener una producción alimentaria real.
Según el análisis, este fenómeno amenaza directamente al modelo social agrario: supondría una mayor presión sobre el precio de la tierra, un aumento en la concentración de la propiedad y la expulsión de los agricultores profesionales del sistema antes de que se redacten las reglas definitivas. Esta perspectiva se cruza con la inminente presión corporativa. A partir de 2026, y tal como recoge el texto, alrededor de 4.000 empresas e instituciones españolas estarán obligadas a medir su huella de carbono y necesitarán mecanismos para compensarla.
«Llevamos décadas cuidando el suelo, fijando carbono y prestando servicios climáticos que ahora Europa empieza a regular», ha puntualizado Óscar Salazar, presidente de UAGR-COAG La Rioja, quien advierte de que la organización no admitirá que «el sistema se diseñe para que los grandes fondos de inversión se queden con el negocio y los agricultores se queden con el riesgo».
La exclusión estructural por costes de auditoría
El informe identifica que el acceso a este nuevo mercado presenta una segunda barrera de entrada crítica: las economías de escala derivadas de los sistemas de Medición, Reporte y Verificación (MRV). Los elevados costes que implican la toma de muestras, los análisis de laboratorio, la auditoría y la certificación benefician a las grandes explotaciones y penalizan a las de menor tamaño.
Para ilustrar esta brecha territorial y económica, Manuel Linares, responsable de la oficina de COAG en Bruselas y coautor del informe, subraya que «una familia con 20 hectáreas de olivar en Jaén o 10 hectáreas de viña en la Rioja no puede asumir los mismos costes de certificación que una sociedad de inversión con 5.000 hectáreas de cereal en Castilla».
Exigencias para un mercado vinculado al productor
Frente a la actual imposición de condiciones por parte de plataformas privadas, la organización agraria formula 19 propuestas concretas articuladas en seis ejes. Entre ellas, destaca la exigencia de crear una certificación grupal operativa canalizada a través de cooperativas agroalimentarias. Este modelo mutualizado permitiría mantener unos costes proporcionados a la dimensión de cada explotación.
Asimismo, COAG reclama una clarificación urgente sobre la compatibilidad entre los eco-esquemas de la Política Agraria Común (PAC) y la generación de créditos de carbono. La propuesta argumenta que el eco-esquema remunera la adopción de la práctica, mientras que el crédito de carbono remunera el resultado métrico final de absorción, por lo que no existiría un escenario de doble cobro. Entre otras medidas de urgencia, se incluyen la creación de fondos de garantía colectivos que absorban el riesgo climático —evitando que el agricultor sea penalizado con la pérdida de créditos por una sequía o una DANA— y la puesta en marcha de una autoridad nacional de coordinación que integre al MAPA, MITECO y a las Comunidades Autónomas.
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