El comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, visitó el pasado jueves 19 de febrero zonas agrarias de Jerez de la Frontera (Cádiz) afectadas por el tren de borrascas, en una jornada de trabajo con el presidente de la Junta de Andalucía en la que se revisó el alcance de las inundaciones y las opciones de apoyo disponibles desde la UE.
La agenda incluyó recorridos por áreas dañadas tras los episodios de lluvias intensas y una atención a medios, además de reuniones con el sector para recoger necesidades inmediatas en explotaciones e infraestructuras agrarias.
Ayudas y flexibilidad para mantener pagos en marcha
Durante la visita, Hansen trasladó que la UE trabajará con los niveles nacional y autonómico para activar los instrumentos que correspondan y, en particular, para garantizar que los agricultores puedan seguir percibiendo determinadas ayudas aunque, por la situación excepcional, no puedan cumplir temporalmente algunas condiciones vinculadas a esas subvenciones. En ese contexto, se aludió a la tramitación de una declaración de “estado de calamidad” como vía para aplicar esa flexibilidad.
En paralelo, el comisario señaló que España ha solicitado la activación de la reserva de crisis agrícola de la PAC, dotada con 450 M€ para el conjunto de la UE, además del Fondo Europeo de Solidaridad, y que se analizarán medidas específicas para infraestructuras dañadas por el temporal.
Otra de las líneas mencionadas durante la jornada fue el trabajo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para explorar sistemas que faciliten el acceso a seguros por parte de los productores y para apoyar inversiones ligadas a agricultura y bioeconomía, con referencias a mejoras en infraestructuras hidráulicas.
El balance trasladado por la Junta durante la visita
La Junta de Andalucía situó el impacto del temporal en más de 200.000 ha y apuntó a pérdidas estimadas de entre el 15% y el 20% de la capacidad de producción agrícola, con un cálculo por encima de 3.000 M€ en producción afectada.
En este marco, se insistió en la necesidad de simplificar trámites para que las ayudas lleguen con rapidez, al considerar que los retrasos restan eficacia a los fondos movilizados.
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