La proliferación del conejo de monte no es solo un problema limitado al campo, sino que empieza a trasladarse a la seguridad de infraestructuras públicas, con un riesgo real de incidentes en vías de comunicación si no se actúa de forma preventiva, según alerta la Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha.
La organización describe un impacto transversal en carreteras, caminos rurales, autovías, líneas ferroviarias, canales, embalses y otras obras hidráulicas, con especial preocupación en infraestructuras sometidas a tráfico rodado y ferroviario continuo, incluidas las líneas de alta velocidad. El foco, señala, está en la intensa actividad excavadora del conejo, que genera madrigueras y galerías capaces de provocar pérdida de compactación, asientos diferenciales y debilitamiento progresivo de taludes y terraplenes, aumentando con el tiempo el riesgo de hundimientos, desprendimientos y deformaciones del firme.
Un riesgo documentado desde hace años
La Unión subraya que el riesgo estructural no es nuevo y recuerda que ya en 2008 un informe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha advertía de la afección de los conejos sobre los terraplenes y de la necesidad de actuar antes de que pudiera comprometerse su estabilidad, con posibles intervenciones específicas sobre las madrigueras. A juicio de la organización, la existencia de antecedentes técnicos refuerza la idea de que se trata de un riesgo conocido y medible que requiere una respuesta con enfoque de seguridad pública y protección de infraestructuras críticas.
En paralelo, el texto pone el acento en el aumento de los costes de mantenimiento cuando la presencia de madrigueras se extiende en dominios públicos carreteros, ferroviarios e hidráulicos, y en el peligro de interrupciones del servicio en puntos con cargas dinámicas elevadas. En ese marco, la Unión sostiene que mantener la inacción ante un riesgo documentado puede derivar en consecuencias graves para los usuarios del transporte.
Daños agrícolas: del cereal a los leñosos
Junto al componente de infraestructuras, la organización sitúa 2026 como un año de daños especialmente arrasadores en el campo. Tras afectar a amplias superficies de cereal, la plaga se estaría desplazando a leñosos como viñedo, olivar, pistacho y almendro, donde los animales anillan los troncos y pueden provocar la muerte de las plantas, con pérdidas irreversibles en explotaciones que necesitan años para entrar en producción. En este contexto, la Unión insiste en que el problema combina ya pérdidas de cosecha, destrucción de plantaciones y un riesgo creciente en vías por las que circulan miles de personas cada día.
La organización también cuestiona que la respuesta se centre únicamente en la intensificación de la caza, al considerar que no está siendo suficiente para un problema de carácter estructural, impulsado por la elevada capacidad reproductiva de la especie y por la abundancia de refugios en infraestructuras públicas sin mantenimiento adecuado. En ese sentido, apunta a que, pese a medidas como la caza nocturna o la ampliación del uso de la escopeta que atribuye a la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, el número de términos municipales declarados en emergencia cinegética sigue aumentando.
Petición de un plan integral y coordinación
Como alternativa, la Unión reclama aplicar de forma coordinada todas las herramientas de control legalmente disponibles, incluyendo métodos químicos homologados como el fosfuro de aluminio, pero únicamente dentro de programas oficiales, bajo supervisión técnica especializada y con cumplimiento estricto de la normativa de seguridad y medioambiental, planteándolo como parte de un plan integral y no como una actuación aislada.
Además, pide reforzar la responsabilidad de las administraciones y de los titulares de infraestructuras con programas sistemáticos de inspección y mantenimiento, eliminación y sellado de madrigueras en dominio público, refuerzo estructural de taludes y terraplenes e instalación de vallas metálicas electrosoldadas enterradas en la base de los taludes y adosadas a las vallas de protección para impedir la entrada y salida de conejos y evitar la reapertura de galerías en carreteras, ferrocarriles y obras hidráulicas, junto con una coordinación efectiva entre gestores de infraestructuras, autoridades ambientales y organismos de seguridad.
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