Las organizaciones agrarias Unió de Pagesos y ASAJA Ávila han coincidido en denunciar la situación crítica que atraviesan los ganaderos ante la expansión del lobo en territorios como Cataluña y Castilla y León, donde los ataques a rebaños se han convertido en un problema cada vez más frecuente y devastador. Ambas entidades consideran imposible la convivencia entre la ganadería extensiva y el lobo en las condiciones actuales y reclaman medidas urgentes y eficaces a las administraciones para proteger a los profesionales del campo.

En Cataluña, Unió de Pagesos ha mostrado su preocupación tras confirmarse la detección del primer grupo de lobos en un siglo en el Alt Empordà y la Alta Garrotxa. La organización denuncia la falta de medidas eficaces y la insuficiencia de los instrumentos de protección actuales, como los mastines o los cerramientos eléctricos. Recuerda que entre 2010 y 2021 se registraron 16 ataques con 74 ovejas muertas, 95 desaparecidas y 38 abortos, y que solo en 2024 ya se habían producido una decena de ataques en comarcas como el Alt Empordà y Osona.

El sindicato reclama al Gobierno que aborde la situación de forma decidida, ya que el actual modelo de gestión del oso y el lobo se limita a compensar los daños sin garantizar la seguridad de los rebaños. También advierte del riesgo de abandono de la ganadería extensiva y de los pastos, un hecho que incrementa la vulnerabilidad del medio rural frente a los incendios forestales. Según datos del Idescat, entre 2001 y 2023 la superficie de prados y pastos en las comarcas de montaña se ha reducido un 54,5 %.

Por su parte, ASAJA Ávila denuncia una situación límite en la provincia, donde los ataques del lobo se suceden a diario y han puesto a muchas explotaciones al borde del abandono. La organización considera que Ávila es hoy la provincia más afectada de Castilla y León y exige a la Junta y al Gobierno central medidas inmediatas que frenen esta expansión “descontrolada” y garanticen la supervivencia de la ganadería extensiva.

ASAJA critica también la falta de rigor en las peritaciones de los ataques y los baremos de indemnización aplicados, que apenas cubren una parte del valor real de los animales perdidos. En el caso de los terneros de menos de tres meses, por ejemplo, la Junta indemniza con 680 €, mientras que el valor de mercado y el lucro cesante alcanzarían los 2.250 €. “El ganadero alimenta a la sociedad y mantiene el territorio, pero las administraciones le dan la espalda”, denuncia la organización.

La entidad considera inaceptable seguir hablando de convivencia con el lobo mientras la protección del animal es absoluta y la del ganadero, inexistente. Por ello, exige la puesta en marcha de un plan de control poblacional que garantice la sostenibilidad de la ganadería extensiva, la revisión de los baremos de indemnización para ajustarlos al valor real de mercado y el reconocimiento de los ataques de lobo cuando la evidencia así lo indique.

Tanto Unió de Pagesos como ASAJA Ávila coinciden en que la actual política de protección del lobo ha dejado en una situación de desamparo a los ganaderos de montaña y de zonas rurales, y advierten de que, si no se actúa de manera urgente, no solo desaparecerán los rebaños, sino también un modo de vida, una cultura y una forma de gestión del territorio que durante siglos ha mantenido vivo el medio rural español.