La Amazonia vivió en 2024 su temporada de incendios más devastadora en más de veinte años, de acuerdo con un nuevo estudio del Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea. Los fuegos forestales quemaron 3,3 millones de hectáreas —una superficie superior a la de Bélgica— y liberaron unas 791 millones de toneladas de CO₂ equivalente, cifra similar a las emisiones anuales de gases de efecto invernadero (GEI) de Alemania.

El estudio advierte de que la magnitud de la destrucción representa un aumento de siete veces en las emisiones de GEI respecto al promedio de los dos años anteriores y nueve veces más que el promedio histórico. Los investigadores atribuyen este incremento a la combinación de sequías extremas, altas temperaturas y prácticas de uso del suelo que degradan el ecosistema y facilitan la propagación del fuego.

Una selva cada vez más vulnerable

Los expertos del JRC alertan de que la intensidad y frecuencia sin precedentes de los incendios reflejan la creciente vulnerabilidad del bioma amazónico. El deterioro del ecosistema tiene implicaciones globales, ya que compromete su papel como sumidero de carbono, afecta la biodiversidad y altera los patrones climáticos regionales y mundiales.

La pérdida de superficie forestal también agrava el riesgo de que la Amazonia alcance un punto de no retorno, en el que la deforestación y los incendios conviertan amplias zonas de selva en sabana, con consecuencias irreversibles para el equilibrio climático del planeta.

Llamamiento a la cooperación internacional

El informe del JRC reclama medidas urgentes y coordinadas para reforzar la prevención, el monitoreo y la capacidad de respuesta ante los incendios forestales. Los científicos insisten en que la magnitud de los fuegos requiere una respuesta global que involucre tanto a los países amazónicos como a la comunidad internacional.

La investigación se enmarca en la colaboración de la Unión Europea con los países de América Latina para mejorar la resiliencia climática y la gestión del territorio. Además, apoya los esfuerzos de la UE para fortalecer los sistemas de observación y alerta temprana de incendios, así como para ayudar a las autoridades nacionales a aplicar estrategias de prevención y gestión inspiradas en las mejores prácticas europeas.