La campaña de la patata en Castilla y León, iniciada hace más de un mes, atraviesa un momento crítico por el hundimiento de los precios en origen, según denuncia ASAJA. La organización agraria recuerda que se trata del principal cultivo de regadío en varias comarcas de la comunidad y que la situación amenaza la viabilidad de las explotaciones.

En la campaña 2025 se han sembrado en torno a 1.900 hectáreas en la provincia y unas 19.000 ha en Castilla y León, siguiendo con la tendencia creciente en superficie de 2023 (16.928 ha) y 2024 (17.290 ha.). La producción de Castilla y León representa cerca del 40% de la producción nacional, con unas 800.000 t. El coste medio de producción ronda los 10.000€/ha, lo que obliga a obtener rendimientos óptimos y precios dignos para cubrir gastos.

ASAJA critica que, mientras el precio en el campo se desploma, en los lineales de los supermercados se mantienen las cotizaciones, lo que, a su juicio, evidencia un margen excesivo en manos de los intermediarios y la distribución. Recuerda a la Administración que la Ley de la Cadena Alimentaria está en vigor y debe aplicarse para frenar las ventas a pérdidas.

La organización señala además la entrada masiva de patata francesa, importada por empresas que han recibido fondos públicos de la Junta de Castilla y León, y que, según ASAJA, no colaboran en hacer sostenible el sector local. Reivindica que se mantengan precios similares a los de la campaña pasada, cuando las cotizaciones se situaron entre 40 y 55 céntimos por kilo, lejos aún del precio final pagado por los consumidores.

La OPA reclama la puesta en marcha de un Plan Estratégico para la patata en Castilla y León, que involucre a productores, industria y administración con el objetivo de asegurar un futuro estable y rentable para este cultivo.

ASAJA también apela al papel del consumidor e insta a comprobar el origen real del producto, más allá del envasado, y elegir patata de Castilla y León. Plantea incluso la implantación de un “doble etiquetado” que refleje con transparencia el precio recibido por el agricultor y el pagado por el consumidor, para evidenciar que los márgenes quedan en manos de los intermediarios.