La Línea Nacional de Ayuda para Accidentes del Reino Unido ha difundido cifras que ponen de relieve un fuerte desequilibrio en la siniestralidad laboral del sector agrario. Aunque los agricultores representan apenas el 1% de la fuerza laboral británica, se ven involucrados en el 20% de todas las muertes en el trabajo. Estos datos subrayan la necesidad urgente de reforzar los estándares de seguridad en una actividad considerada esencial para el país.

Riesgos más altos que en otras profesiones peligrosas

La agricultura se mantiene como la ocupación con mayor tasa de mortalidad en el Reino Unido. Entre los principales riesgos destacan el manejo de maquinaria pesada, los horarios impredecibles y la exposición a condiciones meteorológicas extremas, factores que elevan el nivel de peligro por encima de otros sectores de riesgo.

El contraste con profesiones como la de los operarios de líneas eléctricas resulta significativo. Estos trabajadores también afrontan un entorno hostil, con voltajes mortales y tareas en altura, pero representan menos del 1% de las muertes laborales gracias a la existencia de protocolos de seguridad rigurosos y centralizados. La identificación anticipada de los riesgos y su gestión preventiva han permitido reducir drásticamente la siniestralidad en ese sector.

Dificultades para la prevención en el campo

En las explotaciones agrarias no existe la misma homogeneidad de medidas. El ganado puede reaccionar de manera imprevisible, el clima cambia con rapidez y cada jornada presenta escenarios distintos. Este contexto hace que predecir y controlar los riesgos sea mucho más complejo que en otros ámbitos laborales.

Además, el sector agrario está sujeto a una menor supervisión en materia de salud y seguridad. Gran parte de las explotaciones son pequeñas, con cinco empleados o menos, y muchas dependen exclusivamente de trabajadores autónomos. Estos últimos no están obligados a cumplir las mismas normativas que los asalariados, lo que deja amplias lagunas en la cobertura preventiva. A ello se suma la dispersión geográfica de las fincas, que dificulta la realización de inspecciones y auditorías de seguridad de forma sistemática.