Unió de Pagesos, JARC, ASAJA y el Gremio de la Pagesia han denunciado una intensificación de las inspecciones administrativas sobre las explotaciones agrarias durante las campañas de recolección. Según las entidades, este modelo de control sancionador genera tensiones innecesarias y no se ajusta a la realidad del campo, por lo que reclaman a la Administración un sistema más proporcional y basado en el acompañamiento.
Las organizaciones aseguran estar comprometidas con el cumplimiento de la normativa y la seguridad laboral, pero advierten que el actual modelo de inspección no tiene en cuenta las particularidades del trabajo agrario. En especial, señalan que la presencia de efectivos policiales en las inspecciones laborales genera una sensación de acoso que no se corresponde con la actitud colaborativa del sector.
También se alerta del impacto que pueden tener las sanciones recurrentes sobre las ayudas de la PAC, especialmente en el caso de irregularidades administrativas ajenas al agricultor, como el uso de documentación falsa por parte de trabajadores. Pese a existir sentencias que reconocen que los empleadores han sido engañados, las sanciones siguen recayendo sobre las explotaciones, lo que el sector considera injusto.
Reivindicaciones del sector
Las entidades han planteado una batería de propuestas para adaptar la normativa al funcionamiento real del campo:
– Mayor flexibilidad en el registro horario durante las campañas, permitiendo márgenes de varios días para completarlo y evitando sanciones por incidencias técnicas o geográficas.
– Reducción de la carga burocrática mediante la expedición de certificados de formación en prevención de riesgos laborales con validez prolongada, para evitar repeticiones innecesarias cuando un trabajador cambia de empresa.
– Revisión de las inspecciones que derivan en sanciones por maquinaria no homologada, cuando no existe un procedimiento oficial para regularizar su uso, una situación que consideran desproporcionada y alejada de la realidad rural.
Por otro lado, las organizaciones reiteran la necesidad de regularizar a las personas sin papeles ante la persistente escasez de mano de obra en el sector, especialmente en el ámbito de la fruta. Piden seguridad jurídica en la aplicación del cambio normativo para evitar efectos colaterales que perjudiquen a las explotaciones agrarias.
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