La modificación de la Directiva de Hábitats por parte de la Unión Europea permitirá a España gestionar el lobo ibérico en todo su territorio, incluida la zona sur del Duero, donde la especie llevaba más de tres décadas bajo un régimen de protección estricta. El cambio será efectivo a partir del 14 de julio y responde, entre otros factores, a las quejas presentadas por gobiernos autonómicos, organizaciones agrarias como ASAJA y distintas entidades europeas.

Esta reforma activa en España la aplicación de una cláusula incluida en la Ley contra el Desperdicio Alimentario, que obliga a sacar al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Para el sector ganadero, se trata de un avance largamente reivindicado que permitirá recuperar la capacidad de gestión de una especie responsable de miles de bajas anuales en la ganadería extensiva.

No obstante, ASAJA ha denunciado que el Ministerio para la Transición Ecológica se ha desvinculado del problema tras este cambio normativo. Durante la reunión de la “mesa de diálogo para la coexistencia del lobo”, celebrada este miércoles y convocada por el Secretario de Estado de Medio Ambiente, el ministerio se limitó a remitir toda responsabilidad al Ministerio de Agricultura, alegando que la gestión cinegética siempre ha sido competencia de este último. Según ASAJA, esto ha dejado en el aire cuestiones clave como las indemnizaciones por ataques o los mecanismos para gestionar los daños, sin que ninguna de las administraciones haya concretado plazos ni procedimientos.

Exigen un nuevo marco de ayudas para explotaciones ganaderas

Ante esta situación, ASAJA ha reclamado al Ministerio de Agricultura un paquete de ayudas realistas y pactado con el sector. La organización agraria considera urgente diseñar un sistema de indemnizaciones rápidas y eficaces, que permita afrontar no solo los daños causados por el lobo, sino también por otras especies cinegéticas como el conejo. Rechazan que la “coexistencia” pueda usarse como pretexto para eludir responsabilidades y subrayan la necesidad de proteger al ganadero, “que es quien alimenta al lobo sin querer”.

ASAJA también ha recordado que la rebaja del estatus de protección del lobo no es fruto del azar, sino del trabajo sostenido del sector primario en España y en Bruselas. Años de protestas, informes y presión política han desembocado en una modificación legal que consideran una victoria colectiva del campo. Por ello, advierten que esta conquista no puede quedarse en “papel mojado” y exigen que vaya acompañada de medidas concretas, financiación adecuada y voluntad política para aplicarlas.