La financiación de la Unión Europea para la prevención de incendios forestales está creciendo, pero no siempre se utiliza de forma eficaz ni con visión a largo plazo. Así lo señala el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE)en su Informe Especial 16/2025, donde advierte que los fondos no se destinan sistemáticamente a las zonas con mayores riesgos ni se garantiza la sostenibilidad de las acciones financiadas.

A pesar de que el cambio climático ha agravado notablemente el problema —triplicando el número medio anual de incendios de gran tamaño en la UE desde 2006—, los auditores constatan que la inversión no siempre responde a criterios técnicos actualizados. Casos como el de Grecia, donde las zonas de riesgo se basan en un mapa con más de 45 años de antigüedad, o el de Portugal, donde se priorizó una zona parcialmente inundada, reflejan la falta de planificación basada en datos actuales.

En España, los auditores también detectaron un reparto presupuestario poco eficiente, al distribuirse el dinero entre provincias sin considerar los niveles reales de riesgo. Todo ello compromete el impacto real de las inversiones, a pesar del incremento del presupuesto destinado a prevención. En Galicia, por ejemplo, la prevención representa la mayor parte del presupuesto desde 2018, y en Portugal ha pasado del 20% al 61% entre 2017 y 2022.

El Tribunal subraya que muchos proyectos financiados por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), como los 470 M€ para Grecia y los 390 M€ para Portugal, no van acompañados de compromisos financieros futuros que aseguren la continuidad de las medidas. Por tanto, los beneficios obtenidos podrían perderse en un plazo de tres a cuatro años si no se refuerza su sostenibilidad.

Aunque se desconoce con precisión cuánto dinero de la UE se dedica a la prevención y lucha contra incendios, el informe recalca que estos fondos serán cada vez más relevantes. Los incendios forestales provocan pérdidas humanas, daños ambientales y económicos de hasta 2.000 M€ anuales, pero pueden prevenirse mediante una mejor gestión del riesgo y de los paisajes forestales.

El Tribunal concluye que la prevención es una estrategia acertada, pero requiere planificación territorial, seguimiento adecuado y compromiso financiero a largo plazo si se quiere obtener un impacto duradero frente a uno de los efectos más devastadores del cambio climático.