UGT FICA ha denunciado públicamente la reciente modificación del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, incorporada en la nueva Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario y contratación en el sector agrario. La organización sindical considera que esta reforma supone un grave retroceso en los derechos laborales de las personas trabajadoras del sector agroalimentario y ha anunciado que adoptará todas las acciones necesarias, incluidas posibles movilizaciones, para frenar lo que califica de “barbarie legislativa”.
La medida fue aprobada tras su inclusión en una ley inicialmente centrada en el desperdicio alimentario, pero que, tras su paso por las Cámaras Legislativas, ha acabado incluyendo modificaciones en materia de contratación laboral agraria. El cambio, impulsado por JUNTS y apoyado por el Partido Popular y VOX, permite la formalización de contratos temporales por circunstancias de la producción durante campañas agrarias y agroalimentarias, ampliando el límite anual de 90 a 120 días en estos sectores.
Desde UGT FICA critican que esta reforma haya quedado fuera del diálogo social y acusan a los grupos promotores de actuar unilateralmente y en contra del espíritu de la Reforma Laboral de 2021. Según el sindicato, aquella reforma permitió reducir de forma histórica la temporalidad y aumentar la contratación estable mediante el contrato fijo discontinuo, sin afectar negativamente a las empresas del sector.
UGT FICA alerta de que esta nueva legislación desregula el contrato fijo discontinuo y abre la puerta a una vuelta masiva a la temporalidad, lo que implicaría un deterioro de las condiciones laborales en un sector históricamente marcado por la precariedad. En este sentido, aseguran que los avances alcanzados tras la Reforma Laboral podrían desaparecer en poco tiempo, y denuncian que la medida solo pretende alterar los datos estadísticos para suavizar las cifras de temporalidad sin mejorar la calidad del empleo.
El sindicato considera especialmente grave que se haya aprobado esta modificación en una norma ajena al ámbito laboral, y sin consultar a los interlocutores sociales. Anuncian, por tanto, que estudiarán a fondo el alcance de la nueva ley y no descartan la convocatoria de una gran movilización en el sector agroalimentario para frenar lo que consideran un ataque directo a los derechos de las personas trabajadoras.
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