OPAS y Cooperativas de CyL en contra de limitaciones a las explotaciones de porcino por la presencia de viñedo

Las principales organizaciones agrarias de Castilla y León —ASAJA, Alianza UPA-COAG, UCCL y URCACYL— han firmado una declaración conjunta en respuesta a una Proposición no de Ley (PNL) presentada por el grupo parlamentario de VOX en las Cortes regionales. La propuesta plantea cambios normativos para restringir la ganadería intensiva en áreas vitivinícolas, respaldando iniciativas del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero.

Principales puntos de la declaración conjunta

1. Regulación suficiente y consensuada
   Los firmantes destacan que la ganadería intensiva ya está sujeta a una estricta regulación en España y Castilla y León, tanto en normativa medioambiental como en decretos específicos de ordenación sectorial. Estas leyes, fruto de procesos de consulta y consenso político, han proporcionado un marco sólido y equilibrado. Por ello, consideran innecesaria e inoportuna la revisión normativa planteada en la PNL, solicitando su retirada inmediata.
2. Rechazo a la PNL y respaldo de la Junta
   En caso de que la propuesta no sea retirada, las organizaciones piden a los grupos parlamentarios que voten en contra. Además, instan a la Junta de Castilla y León a no aplicar las medidas que se deriven de una posible aprobación, utilizando su potestad para desestimar iniciativas que consideren perjudiciales para el sector.
3. Coexistencia entre agricultura y ganadería
   Abogan por un modelo de desarrollo rural en el que agricultura y ganadería coexistan de forma complementaria, contribuyendo a la riqueza y el empleo en el medio rural. Ambas actividades son fundamentales para la sostenibilidad económica y social de Castilla y León, así como para garantizar la producción de materias primas de alta calidad que sustenten la pujante industria agroalimentaria de la región.

Con esta declaración conjunta, las organizaciones agrarias buscan frenar iniciativas que, a su juicio, podrían perjudicar tanto a agricultores como a ganaderos. Consideran que establecer barreras innecesarias entre ambos sectores pone en peligro la competitividad del medio rural, alejándose de un enfoque equilibrado y sostenible para el desarrollo de Castilla y León.