El viernes pasado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y sus homólogos de cuatro países del Mercosur (el presidente brasileño Lula, el presidente argentino Milei, el presidente paraguayo Peña y el presidente uruguayo Lacalle Pou) finalizan las negociaciones para un innovador acuerdo de asociación entre la UE y el Mercosur.

Para la CE se trata de un acuerdo histórico que permitirá que las empresas de la UE ahorren 4.000 millones de euros en aranceles al año, garantizará preferencias comerciales en sectores industriales estratégicos de emisiones netas cero, como las tecnologías de energía renovable y los combustibles con bajas emisiones de carbono, así como un flujo eficiente y sostenible de materias primas.

El acuerdo incluye un mayor compromiso con la sostenibilidad para detener la deforestación, derechos laborales y la gestión sostenible y conservación de los bosques.

Los agricultores y ganaderos de la UE se oponen al acuerdo

El COPA-COGECA, que representa a los agricultores, ganaderos y cooperativas de la UE consideran que el acuerdo acarreará consecuencias de gran calado para la comunidad agropecuaria de toda Europa, además de perjudicar a los 450 millones de consumidores de la Unión Europea.

El sector agropecuario de la UE es todavía especialmente vulnerable a las concesiones realizadas en el desequilibrado capítulo referente a la agricultura. Los sectores sensibles como el de la carne de vacuno, la carne de ave de corral, el azúcar, el etanol y el arroz se enfrentan a un riesgo considerable de sufrir una saturación del mercado y pérdidas de ingresos debido a la afluencia de productos a bajo coste procedentes de los países del Mercosur.

La realidad es sobrecogedora: los países del Mercosur no han de cumplir con las normas de producción que se exigen a la agricultura de la UE, ya sea en lo relativo a los productos fitosanitarios, al bienestar animal o a las prácticas sostenibles. Los países del Mercosur cumplen con normas laborales y de seguridad más laxas, por lo que pueden producir a un menor coste, lo que genera una competencia desleal con respecto a los productores de la UE. La Comisión Europea actúa de forma incoherente señalan desde el COPA-CGECA, que considera que ya en la legislatura anterior, la Comisión multiplicó las restricciones y normativas aplicables a nuestros productores y ahora, apenas iniciado su segundo mandato, da prioridad a este acuerdo injusto.

El protocolo adicional en materia de sostenibilidad, que se les remitió a los países del Mercosur en marzo de 2023, no estaba a la altura de las expectativas. Además, en su respuesta de septiembre de 2023, el Mercosur dejó patente su falta de ambición y de compromiso para cumplir siquiera convenios internacionales elementales o medidas de sostenibilidad vinculantes. El fracaso a la hora de abordar la sostenibilidad ha avivado la oposición a este acuerdo, no solo por parte de los productores agropecuarios sino también de los sindicatos, las ONG ecologistas y las organizaciones de consumidores.