El viernes pasado, los Estados miembro dieron su apoyo a la propuesta de la Comisión Europea de imponer derechos compensatorios definitivos a las importaciones de vehículos eléctricos de batería (VEB) procedentes de China. Los derechos individuales que la Comisión propuso aplicar a los tres productores chinos incluidos serían: 

• BYD: 17,4%; 

• Geely: 20%; y 

• SAIC: 38,1%. 

Para haber podido bloquear esta medida se requería una mayoría cualificada de los Estados miembros (15 países que representen el 65% de la población de la UE), pero solo cinco países votaron en contra, diez a favor y doce, entre ellos España, se abstuvieron.

La Comisión Europea inició la investigación de los vehículos eléctricos de batería (BEV) de China en 2023, llegando a la conclusión de que recibían subvenciones injustas, lo que provocaba una amenaza de perjuicio económico a los productores de BEV de la UE. El mercado comunitario es el mayor receptor de vehículos eléctricos chinos y representa casi el 40% de estas exportaciones. 

Según ha informado la CE, a más tardar el 30 de octubre de 2024 deberá publicarse en el Diario Oficial un Reglamento de Ejecución de la Comisión que incluya las conclusiones definitivas de la investigación.

Desde que se supo la intención de la CE de imponer estos aranceles, se han desencadenado represalias por parte del gobierno chino, en forma de investigaciones antidumping y antisubvenciones contra productos clave de la Unión Europea, incluyendo la carne de porcino, productos lácteos y bebidas espirituosas. Esta medida podría tener un impacto directo en las exportaciones españoles de porcino hacia China que es uno de sus principales mercados.

Desde ANAFRIC insisten en que la única vía para abordar este conflicto es la negociación entre la Unión Europea y China, ya que el porcino no puede pagar las consecuencias de una batalla comercial entre la UE y China por el control de los mercados.

La CE ha dicho que la UE y China siguen trabajando arduamente para explorar una solución alternativa que tendría que ser plenamente compatible con la OMC, pero no ha mencionado qué pasará con los sectores que sufrirán las consecuencias si no se encuentra esa solución alternativa.