La Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas, COAG, de Almería, denuncia una nueva alerta sanitaria detectada en Francia en pimientos procedentes de Marruecos. El producto detectado en este alimento es el Imidacloprid, insecticida neonicotinoide. La alarma fue lanzada por una empresa francesa, justo antes de su entrada en el canal distribuidor, al descubrir niveles que alcanzaban el doble del Límite Máximo de Residuos (LMR) permitido por la UE para el consumo humano, motivo por el cual ha sido catalogada como ‘Grave’.

“Una vez más se demuestra que los controles en frontera no están funcionando. No sabemos si la empresa que comunica la alerta es un supermercado o un centro de distribución, pero el hecho es que ha salido a la luz gracias a una iniciativa privada y que el nivel descubierto supera el límite máximo de residuos permitido para este producto por las autoridades europeas”, indica Andrés Góngora, secretario Provincial de COAG Almería.

Tras el anuncio de dos casos consecutivos de fresas marroquíes contaminadas con Hepatitis A, el 6 y el 15 de marzo, COAG Almería vuelve a hacerse eco de este grave problema no solo ya para la agricultura almeriense si no para la sociedad en general, tratándose, en esta ocasión, de una hortícola de gran arraigo en las explotaciones agrarias de Almería.

“Volvemos a insistir en que las importaciones son un riesgo, son un peligro. Pero la mayor preocupación se encuentra en la falta de control y vigilancia por parte de las administraciones europeas en las fronteras. No es el primer caso y mucho nos tememos que no será el último. Si de verdad se hiciera una vigilancia y si de verdad se controlara algo lo que entra de fuera, estamos seguros de que las alertas sanitarias se multiplicarían”, incide Góngora ante esta nueva alarma.

Garantía a los consumidores

En este sentido, desde COAG Almería se exige a las autoridades una modificación legislativa desplegada con toda la contundencia posible para regular de forma efectiva el etiquetado y la trazabilidad de los alimentos de forma tal que el consumidor pueda saber de dónde procede cada producto en cada momento, sin posibilidad de duda o confusión.

En este sentido, continúa Góngora, “seguimos insistiendo en la necesidad urgente de un etiquetado claro, y de unos códigos de trazabilidad lo más explícitos posible. Es responsabilidad de las autoridades procurar la máxima garantía a los consumidores para que cuando compren un producto sepan a ciencia cierta de donde viene, teniendo presente que, en la actualidad, los únicos que garantizamos el producto saludable, y de máxima calidad, somos los productores europeos y españoles”.