La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, junto con los consejeros de Agricultura de las CCAA
gobernadas por el PP ha consensuado un Plan de Choque en defensa del campo español. El manifiesto acordado incluye 15 medidas que deberían aplicarse con carácter inmediato y que abarcan desde la rebaja de impuestos hasta las modificaciones legislativas:

• Reivindicar el carácter estratégico del sistema agroalimentario español, su aportación a la economía y la vida en el ámbito rural.

• Reforzar la imagen de España en los mercados, como país atractivo por la calidad de los productos alimentarios, la seguridad de sus alimentos y el alto valor de nuestra gastronomía.

• Garantizar la producción de alimentos en Europa y no incrementar nuestra dependencia de terceros países. Para ello es necesario:
  o Mantener el tejido agrario y la rentabilidad de nuestras explotaciones.
  o No aprobar ninguna norma que suponga restricciones a la producción o la disponibilidad de alimentos en Europa, sin antes haber regulado las alternativas que permitan mantener la competitividad a los productos españoles y europeos.
  o Es necesaria la revisión de los acuerdos comerciales con terceros países a fin de incorporar avances ambientales y deben flexibilizarse con carácter urgente las restricciones aplicadas a los agricultores y ganaderos en Europa.

• Exigir que cualquier norma que se apruebe lleve aparejado obligatoriamente un informe de su impacto en la economía rural y en la producción de alimentos: impacto de ruralidad.

• Exigir, con carácter inmediato, la flexibilización de la Política Agraria Común, a efectos de consensuar criterios impuestos unilateralmente por el Gobierno de España, con medidas como la reducción de trámites, la revisión de los ecorregímenes -condiciones medioambientales- y el aplazamiento del cuaderno digital hasta el plazo establecido en el resto de países de la UE.

• Un Pacto Nacional del Agua que pueda dar futuro a toda España. Es necesario asegurar la disponibilidad de agua para los cultivos y las industrias como garantía de seguridad alimentaria. Para ello deben realizarse inversiones en infraestructuras que garanticen la disponibilidad de agua para hacer frente a sequías, altas temperaturas y el control de inundaciones, así como modernizar regadíos.

• Exigir la revisión de la Ley de la cadena alimentaria a fin de garantizar el equilibrio entre los agentes de la cadena y evitar la inseguridad jurídica.

• Revisar el Plan de seguros agrarios combinados para actualizar rendimientos por hectárea y ampliar coberturas ante problemas de mercados.

• Reformar el PERTE agroalimentario, revisando los criterios y fondos asignados por el gobierno a fin de que se ajusten a las características del tejido agroindustrial de nuestro país.

• Crear un grupo de expertos que revise las actuales políticas de sanidad animal, analice la situación de la cabaña ganadera y establezca criterios técnicos de prevención y atención ante enfermedades. Conservar la biodiversidad y mantener la actividad agrícola requiere también del adecuado control de la fauna salvaje y las especies invasoras.

• Revisar todos aquellos elementos que lastran nuestra competitividad en la normativa nacional y no son consecuencia de ninguna exigencia europea.

• Exigir al Gobierno el compromiso de no crear nuevos impuestos, ni aplicar más cargas adicionales a ninguno de los agentes de la cadena alimentaria.

• Suspender el impuesto al plástico, dado que España ha sido de los primeros países en aplicarlo, con recaudación récord por encima de las propias estimaciones del Gobierno en su primer año de aplicación.

• Rebajar el IVA de los productos esenciales, incluidos carne, pescado, conservas y todos los productos lácteos y sus derivados.

• Exigir el pago inmediato de las indemnizaciones correspondientes a los productos que han sufrido ataques en territorio francés