La prohibición total de las jaulas acondicionadas en toda Europa requerirá de inversiones en las granjas españolas estimadas en más de 1.000 millones euros, es decir, el equivalente a la facturación del sector en un año, solo asumibles con plazos razonables para la adaptación, según ha puesto de manifiesto la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (INPROVO) en el Foro Parlamentario “Por el Fin de las Jaulas en la UE”, que se celebró ayer en el Senado.

En primer lugar, se prevé una reducción de la producción de huevos en toda Europa. La producción en los sistemas alternativos (suelo, campero y ecológico) conllevará una reducción de un 13% de las gallinas ponedoras (de los 379 millones de actuales a 330 millones). Por ello, cualquier cambio deberá tener en cuenta la realidad de la producción y de la demanda, evitando poner en riesgo la soberanía alimentaria en toda la UE. 

Hay que tener en cuenta, además, que los costes de producción son entre un 20% y un 30% mayores en los sistemas de suelo y campero, respectivamente. Esto implicará un mayor precio de venta, lo que reduce la accesibilidad a un alimento esencial para el consumidor.

Los mayores costes de producción afectarán a la competitividad del sector y aumentarán el riesgo de una deslocalización de la producción comunitaria a países con menores costes. La competencia desleal de importaciones de países terceros con menores exigencias regulatorias y menores costes resultaría en una entrada masiva de huevos y ovoproductos con requisitos de bienestar animal, calidad, e impacto ambiental muy inferiores a los europeos, señalan desde Inprovo.

Sin una protección efectiva de la producción europea, el efecto global de la revisión de las normas europeas sería contrario a los objetivos previstos en las mismas. Por lo tanto, será incoherente establecer un sistema que pretende ser referencia mundial en bienestar animal y sostenibilidad, para que finalmente se acaben importando productos que no cumplen con las exigencias europeas.

Europa está poniendo en riesgo su autosuficiencia, su tejido empresarial, y miles de puestos de trabajo en el ámbito rural, acrecentando el problema de despoblación en muchas áreas que solo cuentan con pequeñas y medianas empresas agrícolas de tipo familiar para su supervivencia económica. Y lleva a la concentración del sector en operadores de mayor tamaño, más capaces de asumir las elevadas inversiones y los mayores costes operativos.

Todo ello sin olvidar que el cambio hacia sistemas productivos menos eficientes en el uso de recursos, supone un mayor impacto ambiental, lo que choca directamente con las estrategias comunitarias en materia de sostenibilidad.

La avicultura de puesta española, todo un referente mundial

España cuenta con uno de los modelos de producción más exigentes del mundo, enmarcado dentro del Modelo Europeo de Producción agroalimentaria (MEP), que los ciudadanos comunitarios han elegido y que es un referente mundial.

En 2022 el sector del huevo español facturó más de 1.200 millones de euros, lo que representa el 1,3% del valor de las compras de alimentos en nuestro país. En total, supone el 5% de la producción final ganadera y el 2% de la agraria.

La avicultura de puesta española se encuentra actualmente inmersa en un proceso de reconversión hacia sistemas de producción alternativa, demostrando su firme apuesta con el cumplimiento de la normativa establecida por la Unión Europea. Un avance que ha sido posible gracias al compromiso adquirido por los productores españoles, para ofrecer siempre productos de gran calidad, adaptados a las necesidades y nuevas tendencias de consumo.

En 2022 el censo de gallinas en sistemas alternativos en España (suelo, campero y ecológico) aumentó un 18%, y las granjas de sistemas alternativos se incrementaron un 15,8% respecto a 2021. Sobre todo, cabe destacar el aumento en este último año del número de granjas de gallinas en suelo, conocido como código 2, que han pasado de 299 a 449.

Por su parte, el porcentaje de granjas de cría de jaula enriquecida ha pasado de sumar el 60,5% del total en 2013 al 28,1% en 2022, aunque el censo de las explotaciones alternativas en estos momentos representa todavía el 31,4% del total.