El Consejo de Gobierno de Aragón aprobó ayer el Anteproyecto de Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales de Aragón. Una iniciativa que puede ser crucial para combatir un doble fenómeno: la discriminación que sufre la mitad de la población en las zonas rurales y el propio fenómeno de la despoblación.

En muchas ocasiones, las mujeres en las áreas menos pobladas sufren un doble castigo, ya que a la propia discriminación entre géneros que existe se suma la falta de servicios que tienen a veces las zonas rurales.

Tal como ha explicado la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, con el Estatuto de las Mujeres Rurales “aspiramos a garantizar la igualdad efectiva en las áreas menos pobladas, como base fundamental para conseguir un desarrollo sostenible y frenar el problema del despoblamiento. Para ello es imprescindible un marco normativo que dé respuesta a las necesidades que presentan las mujeres en esas zonas”.

Las Administraciones -ha continuado- “tenemos el deber moral de poner en marcha instrumentos que creen mejores oportunidades en el medio rural, que contribuyan a romper los roles de género y que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Y uno de los instrumentos más potentes que poseemos es el normativo”. En este sentido, ha apuntado las necesidades:

• Valorar la labor que las mujeres realizan y han realizado durante décadas en las áreas rurales
• Garantizar las mismas condiciones para que las mujeres que quieran acceder a puestos o roles destinados históricamente a los hombres puedan hacerlo en libertad e igualdad

Es un anteproyecto que nace de la colaboración y del consenso. Lo impulsa el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales en colaboración con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y es fruto de las múltiples conversaciones mantenidas con asociaciones y entidades de la Comunidad Autónoma que desarrollan actuaciones en la materia.

Cabe referirse expresamente a la mesa de trabajo de Mujeres Rurales de Aragón, a través de la cual las entidades que la conforman han realizado aportaciones y sugerencias para su valoración e inclusión en el texto del anteproyecto de ley.

En el ámbito agroganadero, la proporción de mujeres titulares de explotaciones no se corresponde con el trabajo real que realizan, son trabajos invisibilizados.

Promover el acceso de las mujeres a la titularidad de las explotaciones es una de las medidas prioritarias a acometer para reconocer su labor profesional.

Hay que incidir también en las mujeres jóvenes, cuyo apoyo es fundamental para combatir la despoblación en esas zonas.

Hay que generar oportunidades laborales que consigan asentarlas en el territorio y facilitar el relevo generacional que tenga a mujeres al frente.

Debemos reequilibrar el reparto tradicional de tareas, que perjudica el desarrollo personal y profesional de las mujeres.

Los estudios muestran que ellas dedican más del doble de tiempo al trabajo doméstico y las tareas de cuidado, diferencia que se acentúa en el medio rural. Esto tiene su reflejo en el tiempo dedicado al ocio, inferior en las mujeres.

Es necesario también un tratamiento específico para el acoso sexual y el acoso sexista en las zonas menos pobladas, que tienen unas características especiales.

Todo esto es lo que busca acometer el Estatuto de las Mujeres Rurales de Aragón, que se estructura en cuatro capítulos, veinticinco artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria y dos disposiciones finales.

Ahora empieza la tramitación del proyecto de ley, que dadas las fechas en las que nos encontramos no verá la luz hasta la próxima legislatura.

Hay que recordar que, tras la reforma de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón que impulsamos, el anteproyecto no decae con el cambio de legislatura, lo que facilitará a la próxima Administración –si lo considera oportuno– seguir trabajando para que las mujeres rurales tengan su propio estatuto