El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha expresado la necesidad de mantener unos precios razonables del aceite de oliva, para seguir mejorando el consumo interno y poder ampliar los mercados internacionales. El ministro ha valorado la gran apuesta por la calidad que ha realizado en las últimas décadas el sector oleícola, al que ha animado a seguir ejerciendo su liderazgo para continuar avanzando.

Para permitir que las familias españolas sigan teniendo acceso a este producto de primera necesidad a unos precios razonables, en el último paquete de medidas para compensar los efectos de la guerra de Ucrania, el Gobierno incluyó la reducción del IVA del diez al cinco por ciento en relación con el aceite de oliva. Y para paliar los altos costes que sufren los productores, se han habilitado ayudas a los fertilizantes y al gasóleo agrícola, reducciones en el IRPF, menor coste del agua en los regadíos o la reducción del número de peonadas, entre otras medidas.

Asimismo, la nueva Política Agraria Común (PAC) brindará un gran apoyo a los olivareros través de diferentes vías, como los pagos desacoplados, la ayuda asociada al olivar con dificultades y ayudas de desarrollo rural.

En todo caso, el ministro está convencido de que estamos en un buen momento para impulsar un aumento de la demanda de aceite de oliva, ya que los consumidores requieren cada vez alimentos más saludables, producidos de forma sostenible. Por eso, el aceite de oliva ocupa un lugar destacado en la estrategia Alimentos de España, desde la que se apuesta por su valor nutricional, lo que contribuye a reforzar el liderazgo mundial de los aceites españoles en calidad y no solo en cantidad.

A este respecto, el ministro considera de gran interés las futuras propuestas de la Comisión Europea sobre el etiquetado nutricional y la indicación del origen, cuestiones en las que España defiende avanzar hacia un sistema armonizado para los 27 Estados miembros que trate de manera justa a los productos de la Dieta Mediterránea y a los de calidad diferenciada. De igual forma, España se opone a que se vuelva a permitir la venta a granel al consumidor final, una cuestión que actualmente está valorando la Comisión.