El responsable estatal de Frutas y Hortalizas de COAG, Andrés Góngora, analiza el trasfondo de las revueltas de la población marroquí ante el brutal incremento de los precios de los alimentos más básicos.

A menos de un mes del comienzo del Ramadán, las protestas en Marruecos han ido en aumento. Aunque limitadas por la falta de libertades democráticas, o precisamente por ello, estas movilizaciones son importantes ya que muestran el gran descontento de la población por el encarecimiento de la alimentación. El precio de los tomates se ha multiplicado por tres en el mercado marroquí. Los convocantes señalan que las políticas públicas  de su gobierno están poniendo en peligro la seguridad alimentaria de la nación al favorecer la agroexportación frente al derecho a la alimentación de la ciudadanía marroquí y promover los beneficios de las grandes empresas agrarias e intermediarios. Mientras tanto, el gobierno se muestra pasivo ante el incremento de los precios al consumo.

Con motivo de la reciente cumbre hispano-marroquí ya advertíamos que en estas negociaciones quienes menos importan son las personas y sus intereses. Todo gira alrededor de los intereses de las grandes empresas. Ni los agricultores y agricultoras de uno y otro lado del estrecho somos tenidos en cuenta ni tampoco las personas consumidoras se benefician de las decisiones tomadas. Ahora es la población alauita la que ve cómo su comida se encarece porque se obtienen mejores rentabilidades en otros mercados y las empresas buscan rentabilidad. Es el resultado de la mercantilización de la alimentación por encima de las necesidades sociales.

Otro detalle: para tratar de aliviar la situación de subida de precios, el gobierno marroquí ha prohibido las exportaciones de hortalizas a países de África Occidental. Estos países tienen menores exigencias sanitarias que las de la UE para permitir el acceso a sus mercados. Es decir, ese producto que se va a quedar en el mercado interno de Marruecos y al que va a poder acceder su población puede tener unas condiciones peores y una menor seguridad alimentaria. El mensaje es claro; nos preocupa no perder cuota en el mercado UE, que es más remunerador para nuestras empresas, pero no nos preocupa tanto nuestra población. Aquí parece que la seguridad alimentaria es un tema menor. Cuando hablamos de dumping y decimos que las condiciones de producción en Marruecos en materia medioambiental, laboral, social…, son menos exigentes que las que tenemos aquí también nos referimos a estas situaciones que perjudican los mercados internos de los países exportadores a la UE y a sus poblaciones.

Ya es hora de dejar de favorecer intereses especulativos, de beneficiar a las empresas agroexportadoras a ambos lados del estrecho, en perjuicio de las personas, de productores y productoras y del derecho a la alimentación. Paremos las concesiones a Marruecos y revisemos los acuerdos de liberalización comercial. Activemos medidas de salvaguardia para evitar que las entradas de Marruecos sigan perturbando nuestros mercados y destruyendo nuestro tejido productivo. Hagamos cumplir nuestras normativas de producción en materia medioambiental, laboral y de derechos humanos a todas las producciones. Protejamos al consumidor. Al europeo de fraudes en el etiquetado con productos procedentes de Sáhara Occidental que llegan etiquetados como marroquís o de modelos de producción alejados de nuestros requerimientos de calidad. Pero también al marroquí, que ve cómo sus tierras se usan para alimentar a otros.