Los regantes se ponen en pie de guerra. La asamblea general extraordinaria de la Asociación de Pozos de Riegos y Usuarios de Aguas Subterráneas de la Comunidad Valenciana, que aglutina a un millar de entidades de riego y particulares y está vinculada a la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), ha acordado por unanimidad emprender movilizaciones con el objetivo de reivindicar a las administraciones una serie de medidas urgentes que reduzcan los “prohibitivos e inasumibles” costes energéticos.

La asociación estudia acciones “más agresivas y menos pacíficas que hasta el momento” tanto en la Comunitat Valenciana como en Madrid. Para ello, tras la ratificación por parte de todas las personas asistentes a la asamblea, va a iniciar un calendario de reuniones en las entidades de riego en sus respectivos municipios, así como con la Asociación Española de Usuarios de Aguas Subterráneas (AEUAS), la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE) y ASAJA Nacional.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, verbalizó el malestar del colectivo: “No podemos continuar así. Las entidades de riego están recibiendo cada mes facturas que multiplican hasta por cinco las cantidades de hace un año. A la subida extraordinaria de la energía eléctrica, se le ha sumado el tope del gas impuesto por el Gobierno, un atraco a mano armada que muchas veces dobla la tarifa. Si recibiéramos por nuestros productos unos precios razonables, pues no nos dolería pagar costes más elevados. Pero a pie de campo seguimos cobrando los mismos precios que hace cuarenta años (a pesar de la inflación que sufren los consumidores y que la Administración competente debería investigar) de manera que esta escalada de costes es prohibitiva e inasumible”.

Por ello, Aguado advierte de que “o las administraciones nos bajan la factura energética o cerramos el grifo y dejamos morir los huertos. Este es un asunto muy serio. El campo no es como otros sectores económicos que pueden parar y reanudar su producción cuando los costes lo permitan. Si las entidades de riego cierran, los árboles se morirían por déficit hídrico, lo que provocaría un desplome de la autosuficiencia alimentaria, la destrucción económica a lo largo de la cadena agroalimentaria, acelerar el despoblamiento rural, un deterioro paisajístico y un mayor riego de incendios. La pandemia nos recordó el papel esencial que desempeña el sector primario y ahora los políticos deben hacer todo lo que esté en sus manos para salvarlo antes de que sea demasiado tarde”.

Entre las medidas solicitadas por la asociación destacan la retirada del tope del gas al sector agrario, la reinstauración de una tarifa especial de riego como la que había hasta 2008, la puesta en marcha de la posibilidad de establecer la doble tarifa eléctrica en un periodo de 12 meses –incluida en la última reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria–, la bajada de impuestos como el IVA a la electricidad y soluciones reguladas en los precios a la hora de efectuar renovaciones de contratos con las comercializadoras. Asimismo, debido a la necesidad de apostar por energías renovables que abaraten la factura energética, la asociación reclama agilizar los trámites y apoyar económicamente la instalación de paneles fotovoltaicos en las entidades de riego bien individualmente, bien a través de comunidades energéticas.