En la Ponencia del Proyecto de Ley por la que se regula el sistema de gestión de la Política Agrícola Común (PAC) y otras materias conexas se ha incluido una enmienda del PP para que los agricultores puedan contratar dos potencias eléctricas distintas a lo largo de un año, por lo que su aplicación será efectiva en el momento en que se apruebe esta norma. Introducir esta enmienda ha sido posible gracias al apoyo de todos los grupos, salvo el PSOE y Unidas Podemos que han votado en contra.

En concreto, la propuesta del PP supone una adicción de una disposición final nueva al Artículo cuatro, y dice que: “las condiciones particulares de aplicación a contratos de acceso para regadío y actividades económicas sujetas a estacionalidad serán las siguientes: Podrán hacer uso del derecho al contrato de acceso con posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses, en función de la necesidad de suministro para la actividad, con la mera comunicación por medios telemáticos y/o telefónicos a su suministrador. A tal fin, las compañías suministradoras facilitarán un número de atención telefónica gratuito. Los precios del término de potencia no surtirán incremento alguno respecto de las tarifas de aplicación, siempre que la fijación establecida sea consistente con la seguridad y la sostenibilidad económica y financiera del sistema recogido en el artículo 13 de la ley 24/2013, de 26 de diciembre, así como con la normativa comunitaria de aplicación”.

De esta manera, no se verán obligados a pagar durante los meses de menos actividad la misma potencia energética que cuando trabajan a pleno rendimiento. Algo que la portavoz de Agricultura del GPP, Milagros Marcos, califica de muy positivo, puesto que este es un sector especialmente estacional y está sufriendo muy duramente las consecuencias de la crisis energética en forma de aumento de los costes energéticos y fertilizantes.

Además, la parlamentaria popular recuerda que el último Gobierno del PP incluyó está posibilidad en una ley, aprobada en 2018 por el Congreso de los Diputados, pero que el Ejecutivo de Sánchez se niega a implementar excusándose en que no existe el marco necesario para ello, aunque los socialistas también lo incorporaron en la Ley de Cadena Alimentaria.