Menos de un 5% del precio que paga un consumidor por el kilo de pollo llega a los granjeros. Un porcentaje “irrisorio y totalmente insuficiente que no ha dejado de bajar en los últimos meses”, según ha denunciado la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Este bajo precio percibido por los granjeros hunde su rentabilidad y dificulta su supervivencia, hasta el punto de poner en peligro el abastecimiento de pollo el próximo otoño.

UPA lleva semanas denunciando la actitud “egoísta” de las integradoras, apenas una decena de empresas que controlan la práctica totalidad de la producción de pollo. El precio al consumo no ha dejado de subir en los últimos seis meses, sin que esa subida se traslade a los granjeros.

“La situación es insostenible”, aseguran desde UPA, que hace un retrato del sector avícola como un sector basado en pequeñas explotaciones de propietarios jóvenes, con un nivel importante de endeudamiento debido a las inversiones necesarias para implantar y modernizar sus explotaciones. “Cada día es más difícil pagar las deudas”, aseguran desde la organización agraria. “Si la cosa no cambia, será muy difícil sobrevivir”.

No al pollo de Marruecos

Recientemente se conocía la autorización por parte de la Unión Europea de importar pollo procedente de Marruecos, en base al Reglamento de Ejecución 2022/1040 que el pasado 29 de junio publicaba el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). Desde UPA aseguran desconocer qué se esconde tras esta decisión, pero a su juicio “no es difícil imaginar que las industrias quieran asegurarse el suministro de pollo si los bajos precios terminan por hundir a los granjeros españoles”.

UPA ha vuelto a exigir al Gobierno y a las Comunidades Autónomas que actúen, a través de la AICA y de las autoridades competentes en cada territorio, para lograr que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria y se cubran los costes de producción de los granjeros, que superan con creces los precios percibidos.

UPA ha asegurado que, de no subir los precios a los granjeros, organizarán protestas ante las principales integradoras y ante la patronal que las aglutina, Avianza, para denunciar los abusos que están cometiendo con los granjeros.