La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores (COAG) rechaza frontalmente la apertura de las fronteras comunitarias a los pollos de Marruecos. Tras sostener durante años que no reunían las condiciones, las autoridades comunitarias ha autorizado finalmente la entrada desde Marruecos de productos cárnicos de aves de corral, tal y como recoge el reglamento de desarrollo 2022/1040 publicado el pasado  jueves 30 de junio en el Diario Oficial de la Unión Europea.  

Desde COAG se ha denunciado en numerosas ocasiones la «crítica» situación por la que están atravesando los ganaderos avícolas españoles ante el «brutal» incremento de los costes de producción derivados del aumento de los costes de la energía (+150%), piensos (+35%) y unos precios en el umbral de la rentabilidad. “Esta situación puede verse agravada por este aumento de las importaciones de países terceros, que no cumplen con las exigentes normativas y altos estándares en materia de bioseguridad, calidad y bienestar animal de la UE. Además, en estos momentos no son necesarias porque el esfuerzo y la responsabilidad de los granjeros avícolas garantiza el abastecimiento de pollo para los próximos meses”, ha indicado el responsable del sector avícola de COAG, Eloy Ureña.

COAG pide a la UE y al gobierno español menos importaciones de terceros países y más apoyos a las granjas avícolas locales.“Se destinaron 10 millones para 5.000 granjas avícolas de carne dejando fuera a otros sectores avícolas como las gallinas ponedoras, pavo, codorniz, etc. Una ayuda totalmente insuficiente. La realidad es que la situación de los productores avícolas es límite y exigimos que, desde la administración, se implemente un paquete de medidas de apoyo potente y eficaz antes de que todo el sector avícola entre en quiebra técnica”, ha pedido Eloy Ureña, al tiempo que ha reclamado al Ministerio de Agricultura más medios para aumentar la inspecciones de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA() en torno al cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria en los contratos de las empresas integradoras con los ganaderos y en las prácticas comerciales abusivas de las cadenas de distribución.