La Oficina del Parlamento Europeo en España organizó esta semana una mesa de debate en torno a la propuesta de directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, que la Comisión Europea (CE) presentó en febrero pasado (modifica la Directiva (UE) 2019/1937) y que tiene el objetivo fomentar un comportamiento empresarial sostenible y responsables en las cadenas de suministros mundiales.

Estas normas no se aplicarán a todos los sectores sino a aquéllos que la CE considera de gran impacto como son: agricultura, textil y minería, es decir, que la CE mete en el mismo saco a una mina que a una empresa hortofrutícola, y deja fuera a muchas industrias de un alto riesgo.

En consecuencia, la reglamentación propuesta exige a las empresas que determinen y, en caso necesario, prevengan, atajen o mitiguen los efectos adversos de sus actividades en los derechos humanos (por ejemplo, trabajo infantil y explotación de trabajadores) y en medio ambiente (por ejemplo, contaminación y pérdida de biodiversidad).

 La nueva normativa no se aplicará a las pequeñas y medianas empresas. Se aplicarán, primero, a las grandes empresas: de más de 500 empleados y más de 150 millones de euros en volumen de negocio y luego, empezarán a aplicarse, dos años más tarde, a las empresas que tengan más de 250 empleados y un volumen de negocio neto de 40 millones de euros.

Las autoridades administrativas nacionales designadas por los Estados Miembros serán responsables de supervisar su aplicación y podrán imponer multas en caso de incumplimiento. Y para garantizar que la diligencia debida se convierta en parte de todo el funcionamiento de las empresas, es necesario que se impliquen en ella los directivos de las empresas, según establece la propuesta, introduciendo la obligación de los directivos de establecer y supervisar la aplicación de la diligencia debida en la estrategia empresarial y de ello dependerá su remuneración variable.

 Para Jorge Buxadé, diputado del parlamento europeo por el Grupo de los Conservadores y Reformistas y que presidió la mesa de debate, la norma tiene carácter ideológico y no es necesaria porque ya existe una directiva sobre la responsabilidad medioambiental, suponiendo, además, más obligaciones a las empresas europeas, según recoge Fepex.

 La propuesta de directiva se encuentra en trámite comunitario, para su adopción por parte del Parlamento Europeo y del Consejo y su posterior incorporación al ordenamiento jurídico de los EEMM (lo que está previsto para 2025).

Para Fepex, la directiva podría ser una oportunidad para que las producciones hortofrutícolas de terceros países se sometan a las mismas normativas agrarias, ambientales y sociales, que las exigidas a la producción comunitaria.