El CESE cree que todavía hay margen de mejora con los fitosanitarios

La Comisión Europea está evaluando la Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas (Directiva 2009/128/CE), que tiene ya más de 10 años. Se prevé que la evaluación concluya el segundo trimestre de 2021, la evaluación de impacto el cuarto trimestre de 2021 y, por último, la propuesta legislativa a finales del primer trimestre de 2022.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha contribuido a esta evaluación a través de su Documento en el que se recogen opiniones de organizaciones de la sociedad civil en una serie de Estados miembros de la UE (Bulgaria, Croacia, España, Irlanda y Suecia), así como en las respuestas obtenidas a partir del cuestionario en línea elaborado al efecto.

El Documento señala que la directiva ha demostrado ser eficaz para lograr un uso más eficiente y sostenible de los plaguicidas y reducir el riesgo inherente a su utilización. No obstante, se observan ciertas deficiencias:

• La falta de conocimientos adecuados sigue siendo el principal obstáculo para un uso óptimo de los plaguicidas. Se observa un incumplimiento general de la exigencia de formación obligatoria de los usuarios finales. El CESE pide que se establezcan que los plaguicidas solo puedan ser utilizados por personas debidamente formadas.

• La ausencia de un sistema de seguimiento para conocer si la normativa de la UE ha promovido una mayor aplicación de los sistemas de gestión integrada de plagas.

• Carencia de sanciones efectivas para los Estados miembros que incumplan las normas.

• Falta de soluciones alternativas y nuevas tecnologías suficientemente rentables para garantizar un mantenimiento ideal de los cultivos.

• Ausencia de una armonización con las importaciones de países terceros.

José Manuel Roche Ramo, ponente del Documento informativo del CESE señala que la normativa de la UE sobre el uso en la agricultura de productos fitosanitarios y otras sustancias químicas figura entre las más estrictas del mundo. Sin embargo, todavía hay margen de mejora para lograr una mayor convergencia normativa a fin de reducir los riesgos asociados al uso de productos fitosanitarios y garantizar un suministro de alimentos sanos y seguros para una población mundial en constante crecimiento.