Unió de Pagesos reclama al Departamento de Agricultura que rectifique el modelo homologado de contratos de integración, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 2008, teniendo en cuenta que la resolución publicada el 9 de diciembre persiste en utilizar fórmulas del modelo homologado presentado por el Departamento en 2005, y que ya fue rectificado por una sentencia judicial.
La complejidad y singularidad de los contratos de integración están regulados por ley desde hace más de 40 años. Unió de Pagesos impulsó en 2005 la revisión de la normativa de estos contratos vigente hasta ese momento para introducir las adaptaciones necesarias, especialmente, en el ámbito zoosanitario y ambiental y con el objetivo de conseguir más garantías de igualdad entre las partes.
La ley de 2005 introdujo la obligación de disponer de contratos escritos y reguló un contenido mínimo, y obligaba a la Administración a publicar un modelo homologado. Así, Agricultura publicó un primer modelo homologado en 2005, al que Unió de Pagesos presentó recurso por considerar que no cumplía las medidas establecidas en el contenido mínimo detalladas en la ley. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a través de una sentencia en 2008, daba la razón, en parte, al recurso presentado, y anulaba algunos de preceptos de la resolución obligando el Departamento a publicar una modificación del modelo homologado de contrato que ha estado vigente hasta ahora.
En 2017, la compilación del código civil incorporó la ley del contratos de integración y actualizó algunos puntos del contenido mínimo del contrato. Desde entonces, el sindicato ha reclamado una actualización del modelo homologado de contrato de integración en el Departamento, pero el modelo del Departamento insiste en la fórmula utilizada en el 2005, sin imponer los puntos mínimos determinados en la Ley.
Unió de Pagesos también considera que la Administración debería verificar que los contratos de integración cumplen la norma y, en este sentido, recuerda que la sentencia del Tribunal Constitucional de 2017 reconoce a la Generalitat la capacidad de sancionar en el ámbito de los contratos de integración, tanto en cuanto a la no formalización por escrito como en el incumplimiento del contenido mínimo que determina la ley.
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