Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén han acordado solicitar a las administraciones públicas medidas que repercutan en beneficio de la agricultura y ganadería de la provincia, cuya problemática requiere de una acción conjunta que propicie su recuperación.

El acuerdo se ha adoptado tras la celebración de varias reuniones que han propiciado el hallazgo de puntos comunes en la defensa del sector, tras analizar las últimas propuestas realizadas por la Administración. Entre ellos destacan la propuesta para paliar la situación de precios, que se sitúan por debajo de la rentabilidad para la mayoría de las explotaciones.

También el rechazo a la imposición de aranceles y acuerdos comerciales no beneficiosos y la petición de medidas efectivas que reviertan la situación. Asimismo, están de acuerdo en denunciar la posibilidad de recortes en la Política Agraria Común o el incremento de las exigencias burocráticas. Los representantes de las cuatro organizaciones han destacado el valor del sector agroalimentario, cuyo papel han calificado de esencial para la sociedad como suministrador de alimentos, como ha quedado claro durante la pandemia de coronavirus. Además, han resaltado que de cara al futuro es fundamental conseguir la soberanía alimentaria. De esta manera se evitará el abandono de las explotaciones.

En línea con las reivindicaciones planteadas a principios de año, y dentro de la unidad de acción, todas las organizaciones acuerdan exigir la aprobación de la retirada obligatoria de aceite para el conjunto del sector en momentos de desajustes puntuales entre la oferta y la demanda y su aplicación en la próxima campaña.  También plantean eliminar los aranceles y controlar y regular las importaciones de la Unión, sobre todo en momentos excedentarios, así como incrementar los controles. “La agricultura no puede ser moneda de cambio en los acuerdos comerciales y soportar las guerras comerciales”, han aclarado.

Para las cuatro organizaciones la Unión Europea ha de primar las producciones comunitarias. En este sentido piden que se priorice el consumo entre países de la unión y se exija reciprocidad a los países de los que importamos, a fin de que sus productos cumplan con los requisitos sociales, laborales y medioambientales que se exigen a los europeos.

Otra reivindicación relevante es que el Gobierno central fije los coste de producción para todo el sector para garantizar unos precios justos que cubran como mínimo estos costes. Sobre este particular las organizaciones han resaltado que la voluntad de la Ley de la Cadena Alimentaria es loable, si bien su aplicación requiere que se complemente con otra serie de medidas, además de la retirada obligatoria de productos en épocas excedentarias y controlar las importaciones,  es imprescindible que el Ministerio de Agricultura fije los coste de producción para el conjunto del sector.

Las organizaciones han exigido también la concesión de partidas económicas que tengan como objetivo el incremento de la demanda a través de la promoción. Al respecto, han aludido a la marginación del sector primario respecto al de la automoción o el del turismo, que contarán con subvenciones millonarias públicas.

Asimismo, se han planteado otras medidas, entre las que destaca la concentración de la oferta y la unidad del sector, la aplicación de normas de calidad que mejoren la calidad y trazabilidad del aceite de oliva reforzando su control, el apoyo a la modernización y restructuración del olivar para la reducción de costes de producción, a largo plazo, fomentar el consumo, adelantar las cosechas para producir calidad, promover los productos ecológicos…

Todos los participantes han coincidido en continuar con el diálogo para establecer planes de trabajo futuros y retomar las movilizaciones la segunda quincena de julio en el puerto de Algeciras, justo donde se quedaron por el Covid-19.