La histórica movilización de los ‘agricultores al límite’ concluyó con una modificación, también histórica, de la Ley de la cadena agroalimentaria. Esta reforma, largo tiempo reivindicada por los agricultores y ganaderos de toda España, tiene como fin último lograr un precio justo para la mayoría de los sectores, que en muchos casos venden por debajo del coste de producción.

Un ejemplo “paradigmático” de sector desequilibrado es el del aceite de oliva. Por eso ahora, cuando se cumplen dos meses de la publicación de las modificaciones de la Ley de la cadena agroalimentaria, UPA va a activar una ambiciosa campaña de información, explicación y control de dicha normativa.

“Algunos se están forrando a costa de nuestra ruina. Y no lo podemos consentir”, han expresado desde esta organización. En ese sentido, UPA ha enviado hoy una carta a las principales empresas de la distribución y de la comercialización de aceite de oliva, informando de la aplicación práctica de esta Ley en el sector.

Precios justos por Ley

UPA va a abordar una serie de actuaciones que pretenden que la Ley en vigor se cumpla no solo de manera formal, sino también de manera efectiva, y que la formación de precios en los diferentes sectores no se haga de arriba a abajo, sino de abajo hacia arriba, logrando que los agricultores cobren precios justos por sus productos. El estado de alarma o la durísima situación que atraviesa el mundo por la pandemia de COVID-19 «no son excusas» para que los agricultores no obtengan un precio justo por su trabajo.

En la carta enviada hoy a los operadores del sector del aceite, UPA explica los principales cambios de dicha Ley, las modificaciones que tienen que incluir los contratos de compra-venta de aceite de oliva, y el principio general que determina su artículo 12 ter, por el cual ningún operador podrá pagar por un producto un precio inferior a su coste de producción. Es decir, prohíbe que ningún operador destruya el valor de un producto, en este caso del aceite de oliva.

Los olivareros siguen al límite

“Los olivareros no pueden esperar más”, aseguran desde UPA, y las operaciones que dominan el mercado no indican precios que estén por encima de los costes medios de producción del aceite de oliva. Estamos ante el ejemplo paradigmático: el precio mundial de este producto lo marca España, que produce aproximadamente el 50% de todo el aceite de oliva comercializado en el mundo, en los últimos meses se están disparando las ventas y sin embargo el precio del aceite en origen, lejos de recuperarse se sigue hundiendo. En este contexto alguien se está arruinando –los olivareros- y alguien se está enriqueciendo a expensa de los productores. “Hay margen para que los precios se recuperen y el sector productor cobre precios por encima de sus costes de producción”, afirman.

UPA extenderá en los próximos días esta estrategia al resto de producciones, creando un Observatorio Continuo de Información y Control (OCIC) que vigilará todas y cada una de las operaciones de productos agroalimentarios para, en su caso, poner ante la autoridad competente la denuncia correspondiente.

Entre 2014 y 2019, la AICA ha impuesto casi 2.000 sanciones, por un importe aproximado en multas de 11 millones de euros. En muchos de estos casos, las denuncias provenían de las denuncias realizadas por UPA.

Con las modificaciones aprobadas en el mes de febrero, la mayor parte de estas sanciones ya se calificarían como graves y por tanto las cuantías hubieran sido mucho mayores. Además, gracias a un logro histórico de nuestra organización, a partir de ahora se conocerá el nombre de los sancionados, por lo que toda la sociedad podrá conocer la identidad de estos infractores.

UPA considera que esta Ley puede marcar “un antes y un después” en el derecho agroalimentario de toda Europa. “Los agricultores y ganaderos han luchado mucho para tener una herramienta de este tipo y no vamos a permitir que otros intereses lo eviten”, han remarcado.

Finalmente, UPA ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios para blindar las últimas modificaciones de la Ley de la Cadena ahora que se está tramitando en el Congreso de los Diputados. La crisis de la COVID-19 ha puesto encima de la mesa –aún más si cabe- la necesidad de tener un sector productor que responda a las necesidades de la sociedad y que obtenga unos precios justos por sus productos. Pues bien, la Ley de la Cadena es un instrumento imprescindible para conseguirlo.