Ayer se mantuvo la primera reunión de la Mesa de Diálogo Agrario, que el ministro de Agricultura, Luis Planas, había anunciado el pasado fin de semana, como respuesta a las multitudinarias manifestaciones que se están produciendo en muchas zonas de España. En la reunión estuvieron presentes las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA.
En la nota de prensa que ha divulgado el Mapa, se habla de que el Ministro ha anunciado un paquete de medidas, sin embargo, leyendo la nota no parece que dichas medidas puedan tener mucho impacto en el sector a corto plazo. Muchas medidas son próximas reuniones o modificaciones de leyes.
En concreto, las medidas anunciadas son:
- Nuevas reuniones en los próximos días para establecer una hoja de ruta con actuaciones en apoyo de los sectores más afectados como el del aceite de oliva y el hortofrutícola.
- Posible inclusión en el borrador de los próximos Presupuestos Generales del Estado de una mayor dotación para los seguros agrarios.
- Próxima reforma de la ley de la cadena alimentaria, para trasponer la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales y darle un papel más significativo a cada uno de los eslabones de la cadena, aunque no se ha especificado cómo.
- Una reunión, para la próxima semana, del Observatorio de Precios de la Cadena Alimentaria, para analizar la formación de precios de productos como el aceite de oliva o las frutas y hortalizas, así como el estudio del comportamiento de los precios de los principales insumos agrarios.
- Revisión de la Ley de organizaciones interprofesionales, para mejorar la vertebración del sector.
- Petición a la UE para que refuerce el seguimiento para que las importaciones cumplan los mismos estándares de control y seguridad que se exigen a los productores comunitarios.
En relación con la subida del Salario Mínimo Interprofesional, el ministro ha recalcado que un trabajador del campo tiene los mismos derechos que otro del sector industrial o de los servicios. Planas ha expresado a las organizaciones agrarias la voluntad del Gobierno de poder examinar cuál es el impacto de este incremento en la rentabilidad de las explotaciones agrarias y estudiar las medidas pertinentes.
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