La organización agraria JARC considera que el asalto, efectuado la madrugada del domingo por un grupo de activistas animalistas en una granja de cerdos en Sant Antoni de Vilamajor (Barcelona), supone un riesgo contra la salud y el bienestar de los animales y atenta contra el derecho a la propiedad privada. Piden que esta entrada ilegal ​​ sea sancionada de forma ejemplar.

JARC defiende que este tipo de acciones pretenden perjudicar la imagen del sector ganadero y quecausan un gran perjuicio al titular de la granja en poner en riesgo la salud y el bienestar de los animales. De hecho, la entrada ilegal de personas en una explotación ganadera es un delito contra la propiedad privada y conlleva los siguientes riesgos:

 Contra la salud de los animales: Cualquier persona ajena a la explotación, que entra ilegalmente sin el consentimiento del propietario, no respeta los protocolos de bioseguridad implantados en la granja, por tanto, supone un alto riesgo de transmisión de enfermedades al ganado .

 Contra la salud pública: Una explotación de porcino es el primer eslabón de la cadena cárnica que tiene como finalidad la alimentación humana, por lo tanto, después de una acción como la de la madrugada del domingo hay que implantar medidas adicionales en la granja para evitar perjuicios sanitarios a los consumidores.

 Contra el bienestar animal: Los cerdos pueden sufrir un episodio de estrés para la entrada en la granja de un numeroso grupo de personas que no se comportan como lo hacen sus cuidadores. Este hecho, puede provocarles lesiones al intentar huir y inmunodepresión.

Las explotaciones ganaderas catalanas cumplen con la normativa europea de bienestar animal y seguridad alimentaria, una de las más estrictas del mundo. En concreto, los productores de porcino han hecho grandes esfuerzos, humanos y materiales, para adaptarse a las nuevas exigencias establecidas desde las diferentes administraciones, siendo los primeros interesados ​​en mejorar la productividad y reforzar la imagen del trabajo bien hecho.

Teniendo en cuenta la labor realizada por los ganaderos, JARC considera intolerable acciones como la del pasado domingo sólo pretenden perjudicar y desprestigiar el sector porcino de forma injusta y, por este motivo, exige a las diferentes administraciones que velen por restablecer los derechos vulnerados y establezcan todas las medidas sancionadoras que correspondan a esta acción.