Yolanda García, ha recordado que la Junta ha presentado un requerimiento previo en vía administrativa ante el secretario general de Agricultura para que derogue la resolución tomada a finales del pasado año. Asimismo, la Administración autonómica estudiará jurídica y técnicamente todos los argumentos que desemboquen en la anulación de la restricción impuesta por la administración central el pasado 29 de diciembre y que será objeto de un procedimiento judicial.

Según la responsable de la PAC, existen motivos jurídicos y técnicos para que los Tribunales avalen la postura de la Junta de Extremadura ya que la resolución dictada por el Ministerio no está fundamentada con criterios objetivos y trasciende la realidad del sector. El Gobierno central, con esta decisión, ha apoyado al blindaje de la producción de una comunidad autónoma mediante el freno al crecimiento y desarrollo de Extremadura.

La directora general ha reiterado que la Administración autonómica se mantiene “en todo momento de la mano de los productores de cava de Tierra de Barros” con el que se consensuó un informe que, tomando como referencia las características del sector, el análisis de la evolución de la superficie, los condicionantes de producción, el mercado de uva, el mercado de vino de base, la ratio de almacenamiento, concluye en la constatación del comportamiento favorable de la demanda y de la inexistencia del riesgo de devaluación, debido, entre otros factores, a las buenas prácticas y al incremento de la calidad de los cavas elaborados en Extremadura.