La UAGR lleva meses exigiendo soluciones para la fruta de hueso. Hoy, las Uniones regionales de COAG (Coordinadora de la que forma parte la UAGR) están reclamando hoy varias medidas urgentes para el sector frutícola español. En concreto, las medidas inmediatas que se reclaman son las siguientes:

• Reducción a cero de los módulos para la fruta dulce en el cálculo de la renta de 2017 y ampliación de la partida de gastos de difícil justificación del 5% al 10% para aquellos que optan por la estimación directa simplificada
• Apertura inmediata de la línea de avales de SAECA
• Ayudas y moratorias para los préstamos contraídos y establecimiento de líneas de financiación bonificadas y créditos blandos para afrontar la futura campaña
• Condonación de las cuotas a la Seguridad Social
• Condonación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)
• Recuperación del máximo porcentaje de subvención estatal en la contratación del seguro de la fruta

Si las medidas anteriores son las más urgentes, además las Uniones de COAG reclaman otras que también han de adoptarse a medio y largo plazo. Estas propuestas son secundarias y no deben situarse por delante de las propuestas a corto plazo de la página anterior, prioritarias para aliviar la mala situación de las explotaciones:

• Mantenimiento de los controles específicos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) en el sector de la fruta: es necesario un mayor esfuerzo respecto del cumplimiento de la Ley 12/2013, en especial, de la contratación obligatoria y la eliminación de la venta a resultas. Los controles sobre el terreno de AICA han de realizarse durante los periodos de cosecha y comercialización de la fruta de tal modo que su anuncio tenga un efecto amplificador en los territorios.
  
• Establecimiento de un plan de coordinación, formación y control de la calidad y el etiquetado en los puntos de venta: debe ponerse en marcha un plan de coordinación y formación de las distintas autoridades competentes en inspección y control de las normas de calidad, etiquetado y comercialización en los puntos de venta al consumidor. A continuación de debe poner en marcha un plan de control e inspección, con recursos suficientes, para hacer cumplir las normas de calidad etiquetado y comercialización. El consumidor debe disponer de información veraz y suficiente, tal y como se dispone en la normativa, respecto de lo que está adquiriendo, sea cual sea el punto de venta. Es especial debe controlarse especialmente el etiquetado del origen. Asimismo, siempre es inadmisible la existencia de fruta en los puestos de venta por debajo de los estándares de calidad.
• Intensificación de las inspecciones y controles en frontera de las importaciones de fruta dulce, productos sustitutivos de la fruta dulce y de productos transformados de países terceros: la fruta producida por los productores europeos es la que presenta estándares más elevados de calidad y seguridad alimentaria (trazabilidad, límite máximo de residuos, menor número de fitosanitarios autorizados y de menor toxicidad, etc.). Estos requerimientos de calidad y seguridad alimentaria se deben exigir a las importaciones.
• Producto de calidad vs. commodities: primar los kilos frente a las cualidades organolépticas afecta al descenso del consumo y favorece la sustitución de la fruta dulce por otras producciones (frutas tropicales, importaciones de otras frutas fuera de estación, productos lácteos…). Debe propiciarse en las relaciones de la cadena la mejora de la calidad y la búsqueda de productos diferenciados.
• Las administraciones han de posicionarse claramente a favor del modelo de producción basado en una fruticultura con fruticultores, en una agricultura familiar de agricultores profesionales, que se ve amenazado por inversiones externas que buscan sólo rendimientos económicos sin generar ni tejido social, ni mantenimiento de la población rural y del medio ambiente. En un contexto de restricciones presupuestarias, y en pro de la defensa del citado modelo social y profesional de agricultura, los apoyos públicos han dirigirse únicamente a las pequeñas y medianas explotaciones profesionales agrarias, evitando que caigan en manos de grandes empresas y agentes comerciales.