Por primera vez en el mundo, la legislación de la UE obligará a sus socios comerciales a respetar exigencias sociales y medioambientales internacionales. El objetivo es proteger el empleo y las empresas europeas frente a las importaciones que se benefician de precios bajos gracias a la intervención estatal en la economía.

Principales novedades:

• el impacto social y medioambiental será tenido en cuenta a la hora de decidir las medidas antidumping,
• la Comisión Europea deberá vigilar la situación en los países exportadores. Las empresas de la UE podrán usar esos informes para presentar reclamaciones,
• las empresas de la UE no tendrán que presentar evidencias adicionales a los procedimientos ya vigentes para demostrar que sus rivales incurren en dumping,
• las pequeñas y medianas empresas recibirán ayuda si participan en un procedimiento,
• todas las partes implicadas, en particular los sindicatos, podrán contribuir a la adopción de decisiones sobre medidas de defensa comercial.

La Cámara respaldó el acuerdo informal alcanzado con el Consejo el pasado 3 de octubre. La modificación legislativa fue aprobada por el pleno con 554 votos favorables, 48 en contra y 80 abstenciones.