La Alianza UPA-COAG denuncia la irresponsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) en la gestión de los recursos hídricos de la región trasladando un conflicto a los  agricultores.

Siendo conscientes de las dificultades originadas por la persistente sequía que llevamos sufriendo desde hace meses, no es menos cierto que la planificación y actuaciones del organismo de cuenca no han sido las más adecuadas generando serios problemas entre las distintas comunidades de regantes.

Nuestra organización lamenta que el organismo de cuenca se haya inhibido una vez más en su responsabilidad, y en este caso se la haya trasladado a los regantes pretendiendo hacer lo mismo que materializó en su día con la propuesta de creación de las comunidades de aguas subterráneas.

Los problemas entre los regantes del Bajo Duero y Alto Duero con los canales de Cuerda del Pozo, y los habidos también en otros sistemas como el Carrión y Pisuerga demuestran que no se está actuando con el sentido común que sería aconsejable en un año desastroso como el actual, en el que suficiente desgracia tienen ya los agricultores con la sequía que están sufriendo.

La Alianza UPA-COAG recuerda que con el decreto de la sequía publicado recientemente por el Gobierno central se dio potestad al presidente del organismo de cuenca para que éste adoptara las decisiones oportunas en la gestión de los recursos de agua que disponía la región. Por lo tanto, en ningún caso se debe trasladar a los regantes de una provincia la gestión y por lo tanto las restricciones que se están produciendo en el riego de los cultivos.

Nuestra organización exige a la Administración que es competente en esta materia  que asuma sus responsabilidades y no eche más balones fuera porque la situación límite que están sufriendo los regantes de la región no se debe solo a la escasez de agua acumulada en los embalses, sino también a la deficiente gestión de la misma.

La Alianza UPA-COAG recuerda que por parte del Gobierno central se han incumplido compromisos básicos como la apuesta decidida por inversiones públicas en la modernización de regadíos, la regulación del agua con balsas o una  correcta planificación de desembalses.