El Parlamento italiano aprobó el pasado 18 de octubre una ley contra la contratación ilegal de los trabajadores agrarios, que ha salido con 346 votos a favor, 0 en contra y 25 abstenciones. La ley quiere acabar con las mafias que se extienden ya por todo el país y han monopolizado la contratación de los temporeros agrarios.

La ley quiere ser ejemplarizante, por lo que incluye penas de hasta 6 años de prisión, multas de hasta 1.000 euro por empleado contratado ilegalmente y la confiscación de los bienes. Estas penalizaciones afectarían tanto al propietario de la explotación como al intermediario que ha proporcionado los trabajadores.

Según un informe del sindicato CGIL, unos 430.000 trabajadores agrarios, tanto italianos como extranjeros son victimas cada año de distintas formas de explotación en todo el país. Esta cifra es de unas 50.000 personas más que el año anterior.

Muchos trabajadores no tienen contrato, se les paga muy por debajo de la remuneración legal (entre 22 a 30 euros por una jornada de 8 a 12 horas). Suele haber un intermediario que los pone en contacto con las explotaciones y que les cobra precios abusivos por el contacto, el transporte e incluso por el agua, según denuncian los sindicatos de trabajo agrícola.