Antes del referéndum del Brexit, los defensores de éste tranquilizaban los miedos de los agricultores y ganaderos, asegurando que el sistema de ayudas agrarias se mantendría aunque el Reino Unido abandonara la UE. Ahora, una vez que ya se ha votado, no parece tan probable que éstas se vayan a mantener o al menos, como son hasta ahora.

Hace un mes, el Canciller de Hacienda del Reino Unido, Philip Hammond, garantizó hasta 2020 los fondos para los agricultores y los institutos de investigación. No obstante, National Trust (organización encargada de preservar los monumentos históricos y espacios naturales) y una coalición de 80 organizaciones profesionales, de caridad e institutos de investigación, representando a más de 1 millón de personas, han pedido al gobierno que aproveche el Brexit como una oportunidad para modificar el gasto agrario y asegurar que este dinero publico se gasta en el bien publico.

Actualmente, se gastan en el Reino Unido casi 3.000 millones de libras de fondos públicos en ayudas agrarias, beneficiándose de la ayuda numerosos terratenientes y nobles. Este siempre ha sido un tema polémico en el Reino Unido y que no tiene buena acogida entre la opinión pública británica.

Recientemente, 36 parlamentarios conservadores han escrito al Primer Ministro para pedirle que las actuales ayudas agrarias se reorienten en unos pago a los agricultores por dar servicios medioambientales y de bien público, así como la protección de la fauna silvestre y la calidad del agua.

Cada vez parece más claro, que tras el Brexit, los agricultores y ganaderos británicos no van a recibir el mismo apoyo que sus homólogos comunitarios.