La Mesa Nacional del Sector Remolachero Azucarero Español –integrada por ASAJA, COAG, UPA, CNCRCA y Azucarera Ebro-, tras analizar el borrador de propuesta de OCM única y el estudio sobre el impacto de la reforma de la PAC, ha manifestado de forma unánime su rechazo a la propuesta de la Comisión Europea, que contempla la desaparición del actual régimen de cuotas en 2016, medida que perjudicaría gravemente al sector.

El sector remolachero azucarero quiere recordar que ha sido precisamente este régimen de cuotas el que ha permitido garantizar la estabilidad de los mercados internos de la Unión Europea y el aprovisionamiento comunitario de este producto, en un contexto de extrema volatilidad en los precios internacionales de las materias primas que, en el exterior de la UE, ha generado situaciones de alerta de déficit de abastecimiento.

Por otra parte, la interprofesión considera que, si se aprueba la actual propuesta de OCM y se asumen los resultados del estudio de impacto, el mantenimiento del tejido productivo remolachero azucarero será inviable. El citado estudio llega a la sorprendente conclusión de que, a pesar de que se constate una bajada de los precios, se incrementará la producción, cuando la realidad es que, sin un precio atractivo, la producción de remolacha en España estará abocada a la desaparición. El consiguiente riesgo de desabastecimiento de la industria tendría graves consecuencias, como la desaparición de numerosos puestos de trabajo o las evidentes repercusiones para los consumidores.

Siguiendo la línea marcada por el Parlamento Europeo en su Informe DESS, el sector considera imprescindible, para salvaguardar la producción azucarera en Europa, que la nueva regulación incluya el mantenimiento del sistema de cuotas, el precio mínimo para la remolacha y las medidas de mercado destinadas a proteger el mercado interior de las fluctuaciones; así como la opción de concesión de ayudas al cultivo hasta 2020, con el objeto de favorecer el incremento de la productividad.

Estas consideraciones, compartidas por todo el sector productor remolachero y la industria azucarera española, han sido trasladadas tanto a la Administración como a los eurodiputados españoles para que sean tenidas en cuenta a la hora de defender los intereses de la agricultura española en los próximos debates sobre el futuro de la PAC.