Murcia, 15 de septiembre de 2003.- Las Organizaciones Profesionales Agrarias UPA, ASAJA y COAG, junto con las ADS de Ovino-Caprino de la Región de Murcia, denuncian que los ganaderos de la Región no disponen de sistemas con suficientes garantías sanitarias para cumplir con la normativa comunitaria sobre retirada de cadáveres animales de las explotaciones.

Desde el pasado mes de mayo, las explotaciones ganaderas tienen la obligación de que los cadáveres animales de sus explotaciones sean retirados y destruidos por gestores autorizados y, desde esa fecha, la Comunidad Autónoma ha financiado íntegramente el coste de esta retirada, que ha sido gestionada por una empresa murciana.

Han sido precisamente las deficientes condiciones sanitarias en que esta empresa efectúa la retirada, con grave riesgo para preservar las condiciones sanitarias de las explotaciones, las que han provocado la protesta de los ganaderos y la celebración de reuniones entre el sector y la Administración Regional en las últimas semanas.

Sin embargo, el sector ganadero considera que la Consejería no garantiza el cumplimiento de las condiciones sanitarias mínimas en la retirada de cadáveres y ha anunciado que a partir del próximo 22 de septiembre dejará de financiar el coste de la retirada, ofreciendo como alternativa a los ganaderos la contratación de un seguro agrario en el que la retirada de cadáveres seguirá realizándose por la misma empresa que lo hace en la actualidad, curiosamente, la única homologada por la Consejería murciana para realizar estos trabajos.

Por todo ello UPA, ASAJA, COAG y las ADS (agrupaciones de Defensa Sanitaria) de ovino y caprino de la Región de Murcia van a exigir a la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente y a la Consejería de Sanidad que aseguren las condiciones técnico-sanitarias mínimas exigibles para la retirada de cadáveres, con garantías para la sanidad de las explotaciones ganaderas y la salud pública de los ciudadanos.

El sector ganadero estima que es inaceptable asumir nuevos costes en sus explotaciones, gravándolas con el coste de un seguro ganadero, si no se garantizan las condiciones mínimas exigibles.