Madrid, 16 de octubre de 2003.- El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, anunció ayer la intención del Gobierno de introducir el doble etiquetado en el precio de los alimentos con el fin de que los consumidores conozcan las cotizaciones en origen de estos productos. La medida, que ha sido reiteradamente reclamada por ASAJA, aportaría transparencia al sistema de fijación de precios y constituiría el primer paso para acabar con las prácticas especulativas y los márgenes comerciales abusivos.
Hace exactamente un año ASAJA llevó a cabo, en diferentes ciudades españolas, una campaña de protesta ante las puertas de grandes superficies, con repartos gratuitos de productos agrarios, para denunciar la especulación que sufren estos productos en manos de los intermediarios y la distribución.
Ya en aquel momento se exigieron al Gobierno medidas eficaces para controlar el enorme diferencial de precios por el que el ama de casa llega a pagar hasta diez veces mas de lo que percibe el agricultor por la venta de ese mismo producto. Desde la propia Administración se reconoció la existencia de “fallos de regulación de la distribución que provocan distorsiones en la competencia” y se anunció la creación de un Observatorio de Precios de la Alimentación y un paquete de medidas anti-inflación destinadas a solucionar este problema.
Sin embargo, doce meses después, el problema no solo sigue latente sino que se ha recrudecido y, hasta el momento, sin que se adopte ninguna solución práctica. En este sentido, el anuncio formulado en el día de ayer por el ministro del Agricultura se presenta como la primera medida efectiva, que de llevarse adelante, emprende el Gobierno para tratar de atajar el problema. ASAJA considera que la implantación del doble etiquetado constituye un avance para acabar con la desconexión entre los precios de origen y destino y esta medida debería ser implantada, junto con la trazabilidad (origen, características del producto y evolución durante el canal de distribución) para todos los productos agrarios.
Estas medidas deben acometerse con carácter urgente, con independencia de que el Servicio de Defensa de la Competencia intervenga en la investigación sobre la conformación de los precios de los alimentos, y el Gobierno adopte otro tipo de medidas destinadas a favorecer la libre competencia, y el acceso al mercado. En este punto, ASAJA reitera la necesidad de que se promueva una Ley de Comercio Agrario que vele por los intereses de productores y consumidores y garantice el papel de los agricultores en el proceso de comercialización.
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