El 1 de mayo pasado entró en vigor el reglamento de subproductos que obliga a “retirar y gestionar adecuadamente” los cadáveres de todo los animales de granja, prohibiendo su enterramiento como norma general. Sin embargo, la normativa es imposible de cumplir por los ganaderos, según ha reconocido el propio Ministerio de Medio Ambiente.
Transcurrido un tiempo desde que la citada norma es de obligado cumplimiento en toda la UE, los ganaderos andaluces se encuentran en una situación que se puede definir de “fuera de la legalidad”, según ha denunciado el secretario general de UPA-A, Agustín Rodríguez, lo cual produce inquietud e incertidumbre, “al no disponer de infraestructuras y sistemas que permiten cumplir con lo establecido por dicho reglamento”. En este contexto, UPA ha exigido a los ministerios implicados que pidan moratorias de las normativa comunitaria y nacional, para lo que han de coordinarse todas las administraciones implicadas. Es decir, UPA-A pide un período de transición nacional para el cumplimiento de la norma.
Especialmente grave ha sido la actitud del titular de Agricultura, Miguel Arias Cañete, en este asunto, puesto que sólo se ha comprometido a “estudiar la implantación de un seguro” que cubra la recogida y eliminación de cadáveres, lo que UPA Andalucía considera “una auténtica chapuza”, ya que parece evidente que sectores como el porcino o el avícola no pueden sufragar más costes adicionales a través de seguros. Conviene recordar que a través de la Entidad estatal de Seguros Agrarios, ENESA, el MAPA sólo se compromete a subvencionar una parte del coste del seguro, cantidad que se complementará con la financiación que en cada caso apruebe la Comunidad Autónoma.
En este contexto, UPA Andalucía pide a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía , a la que se le ha pedido una reunión insistentemente, que se decida a actuar y dar respuesta a las necesidades de los ganaderos de la Comunidad Autónoma y, más aún, cuando existen otros ejecutivos autonómicos que han respondido, como es el caso de la Generalitat Valenciana, que subvencionará de forma adicional el 41 por ciento del coste del seguro de retirada y la destrucción de animales no bovinos muertos en explotación.
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