El pasado viernes 16 de enero, la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz procedió a intervenir cuatro invernaderos en la zona de Chipiona en los que se estaban cultivando variedades protegidas de clavel de forma ilegal, en concreto las variedades “Hilqueen”, West Diamond” y “Target”.

Dicha intervención fue ordenada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Sanlúcar de Barrameda, a consecuencia de una denuncia presentada por la agrupación de obtentores GESLIVE AIE, por la comisión de delitos contra los derechos de propiedad industrial que ostentan sus clientes sobre tales variedades protegidas de clavel.

Los delitos consistían en la reproducción por los agricultores de las plantas de clavel, de forma no autorizada. La reproducción tenía lugar enraizando esquejes de las plantas, con lo que se procedía a su multiplicación y posterior plantación para producir flores destinadas al mercado. Al tratarse de variedades protegidas, la ley confiere a los titulares una serie de derechos exclusivos entre los que están la producción, la reproducción (multiplicación), el acondicionamiento para la reproducción, la venta o comercialización, la exportación o importación, e incluso la mera posesión para cualquiera de esos fines. Se estima que el valor del fraude podría ascender a una cantidad superior a los 150.000 € (25 millones de pesetas), ya que se trata de variedades muy cotizadas en el mercado.

En el curso de la intervención de los invernaderos, se procedió a inmovilizar las plantas pertenecientes a las variedades protegidas denunciadas, de las que se tomaron diferentes muestras para la realización de análisis técnicos de identificación de las variedades por un centro público, que será quien deberá dictaminar si en efecto se trataba de las variedades protegidas objeto de la denuncia.

La multiplicación de esquejes de variedades protegidas de clavel constituye un grave problema en las zonas productoras de clavel de Andalucía, que se estima puede afectar a más del 50% de toda la producción. Este fraude masivo tiene graves consecuencias no sólo para los obtentores de nuevas variedades, a los que se están causando pérdidas multimillonarias cada año, sino también para todo el conjunto del sector, pues constituye una de las principales causas de la grave crisis que afecta a la flor cortada en la zona, cuya reputación ha descendido enormemente en los mercados internacionales.

La incriminación de esta clase de delitos contra la propiedad industrial se ha visto agravada por la última modificación del Código Penal, efectuada por la Ley Orgánica 15/2003 de 25 de noviembre. A partir del próximo 1 de octubre de 2004, la multiplicación de variedades protegidas será perseguida de oficio por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y podrá ser castigada con penas de hasta dos años de cárcel, que podrían elevarse a cuatro años cuando concurran circunstancias agravantes.

Madrid, 19 de enero de 2004