La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha denunciado hoy la canallada y nueva cacicada del Delegado del Gobierno en Extremadura, Oscar Baselga, por el procedimiento sancionador que ha iniciado contra los agricultores que participaron en la tractorada convocada el 30 de diciembre pasado.
Los hechos se remontan a dicha fecha en la que se celebró una concentración de tractores en la N-430, una de las medidas a llevar a cabo en protesta por el acuerdo adoptado por la Conferencia Sectorial de Agricultura del 1 de diciembre, en la que se pactó regionalizar el cultivo del arroz, y según la cual Extremadura perdería cinco mil hectáreas de superficie de siembra en favor de comunidades más afines al actual gobierno, como la valenciana.
El acto, en el que participaron más de 1000 agricultores (500 de ellos, con tractores) afectados por la medida -productores que ya soportan fuertes medidas sancionadoras por la superación del cupo asignado, y bajo el descontento y la indignación por la grave injusticia que se comete de nuevo contra nuestra comunidad-, se desarrolló sin ningún tipo de incidencias y colaborando en todo momento, organizadores y participantes, con los agentes de la Guardia Civil desplazados hasta la zona.
El Secretario General de UPA-UCE, Lorenzo Ramos, ha destacado esta mañana en comparecencia ante los medios de comunicación, el carácter pacífico de la concentración que se prolongó durante varias horas y que en ningún momento afectó al tráfico rodado, que fue fluido a lo largo de la mañana ya que los vehículos y sus conductores siguieron en todo momento las indicaciones dadas por los agentes de la Guardia Civil.
“Pero para nuestra sorpresa – señala Ramos– nos encontramos que a las pocas semanas estos agricultores empiezan a recibir en sus domicilios, uno por uno, una denuncia de Tráfico en la que se les multa con 90 euros por ‘mal estacionamiento’. Esto es una cacicada más de la Delegación del Gobierno, cuyo máximo responsable, Oscar Baselga, ha mostrado definitivamente su actitud caciquil y fascista”.
El Secretario General de UPA-UCE se ha mostrado esta mañana indignado por la nula sensibilidad del Delegado, otrora dirigente agrario que protagonizara numerosas manifestaciones y acciones, incluida alguna notoria ‘gamberrada’:
“En más de veinte años que llevo al frente de esta organización agraria no me he encontrado jamás con una actitud como la de este señor (Oscar Baselga) que nos lleva a recordar años que ya quisiéramos tener olvidados. Parece que este señor quiere eliminar de un plumazo a los sindicatos, cortar las alas a los que defienden a Extremadura y enmudecer a los que en un Estado democrático estamos en nuestro derecho de denunciar pública y pacíficamente los atentados que se cometen una y otra vez con esta región. Extremadura perderá más de 30 millones de euros con la regionalización del arroz, y aún no le hemos visto defender a nuestros arroceros; al contrario, les amenaza y les multa”.
“Está claro – ha añadido- que el Delegado del Gobierno no nos va a dar lecciones de civismo y, por supuesto, no nos va a callar con estas actuaciones”.
El Secretario General de UPA-UCE que ha comparecido esta mañana acompañado del asesor jurídico de la organización, Diego Ballestero, ha comunicado que los productores seguirán adelante con sus actos de protesta y espera, asimismo, que el ministro Arias Cañete, que visitará la región el próximo día 4 para clausurar unas Jornadas de una organización agraria, “ traiga el problema de los arroceros, que él mismo ha creado, lo traiga resuelto; de lo contrario, allí mismo donde esté le pediremos públicamente que retire las multas de los agricultores y que devuelva a Extremadura lo que en justicia nos pertenece”. Ramos ha constatado la incongruencia de la que hace gala Arias Cañete ya que en contestación a la Mesa del Arroz comunica que no tiene tiempo para atenderles y “ si saca tiempo para clausurar unas jornadas y hacer campaña electoral de su partido”.
Ramos ha anunciado, que los servicios jurídicos de la organización están estudiando las acciones legales a emprender contra dichas denuncias que considera del todo injustificadas “porque entendemos que los agricultores no cometieron ninguna infracción sino que se limitaron a obedecer las ordenes e indicaciones de los propios agentes de la Guardia Civil”, y no dudará, si llegara el caso, en presentar una querella en los Tribunales.
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