Madrid, 25 de marzo´04. El pasado 10 de febrero de 2004 la Comisión Europea adoptó la propuesta de planificación presupuestaria para el periodo 2007-2013, documento que ya está en el Consejo y en el Parlamento para su aprobación. Las prioridades básicas son el fomento de la competitividad de las empresas y la cohesión entre territorios.

En la Rúbrica 2, referida a la gestión sostenible y a la protección de los recursos naturales, se recogen las partidas destinadas a la agricultura y el desarrollo rural, que deben enfrentarse a los retos de la ampliación y de la reforma de la Política Agraria Común. Una vez analizadas las partidas, COAG estima que los agricultores y ganaderos del Estado español perderán entre un 20-30% de sus ayudas en términos reales para el 2013.

Dentro de las perspectivas financieras 2007-2013, la parte correspondiente a la Política Agraria Común y Desarrollo Rural pasará de representar un 45% de los gastos totales en el 2007 a un 35% en el 2013, lo que supone una merma considerable del peso agro-rural en los Presupuestos, que si bien parece una buena cantidad, conviene recordar que la Política Agraria es la única política realmente común y por lo tanto con necesidades presupuestarias elevadas.

La inclusión del medio ambiente dentro de esta rúbrica 2, junto con la agricultura, el desarrollo rural y la pesca constituye un plus de legitimación para las mismas. No obstante, en palabras del secretario general de COAG, Miguel López “la agricultura es fundamentalmente un sector económico que tiene asignados objetivos propios en un entorno cada vez más competitivo y globalizado, siempre dentro de un marco de desarrollo sostenible; por lo tanto, una transferencia de fondos desde la agricultura y el desarrollo rural hacia el medio ambiente, impediría a la agricultura alcanzar sus objetivos en un momento de profunda crisis del mundo agrario y rural. Por todo ello pedimos que sean evaluados los costes de las políticas ambientales de la Unión y dotados, en consecuencia, recursos presupuestarios adecuados a dichos objetivos. Esta financiación debería estar claramente diferenciada de la destinada a las políticas agraria, pesquera y de desarrollo rural”