Toledo, 10 de mayo de 2004. La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla-La Mancha ha solicitado al Gobierno central medidas correctoras que palien la subida del precio del gasóleo agrícola en los últimos meses, que ha pasado de 0,37 euros por litro en enero a 0,42 euros en mayo.
Después de que el pasado viernes el precio del petróleo Brent – el de referencia en Europa- superara la barrera de los 37 dólares debido a las inquietudes generadas por la amenaza terrorista en Oriente Medio y, a pesar de que Arabia Saudí haya instado a la OPEP a aumentar su oferta de crudo en 1,5 millones de barriles diarios, la Organización Agraria ha denunciado la tendencia alcista del precio de los carburantes manifestando su temor de que las compañías petroleras no hayan repercutido todavía la subida del precio del petróleo.
A este hecho se une, según ASAJA de Castilla-La Mancha, el comportamiento oligopolista del mercado de los combustibles. La Organización opina que su supuesta liberalización no ha llevado consigo una mayor transparencia del mercado que, actualmente, sigue estando en manos de los cuatro principales operadores (REPSOL, CEPSA, BP y Schell) que se reparten el 80 por ciento de las ventas.
ASAJA de Castilla-La Mancha considera que si continúa esta tendencia alcista de los precios del gasóleo los agricultores van a sufrir importantes pérdidas económicas, ya que no pueden repercutir el incremento de costes de producción en el precio final de sus productos, a diferencia de otros sectores que sí pueden hacerlo.
La Organización ha destacado que el gasóleo agrícola es uno de los principales medios de producción del sector agrario, por lo que cualquier subida encarece los costes, disminuye sus rentas y repercute directamente en el consumidor final con un incremento del IPC alimentario.
Por todo ello, ASAJA ha exigido una mayor apertura de la distribución de carburantes y ha estimado conveniente retomar el acuerdo entre organizaciones agrarias, cooperativas y Gobierno central suscrito en 2000 para paliar la subida del gasóleo agrícola.
En este sentido, la Organización ha solicitado la puesta en marcha de medidas coyunturales que compensen el incremento de los carburantes, además de otras, de carácter estructural, que permitan a las explotaciones agrícolas y ganaderas mejorar sus cotas de competitividad.
También ha pedido el establecimiento de un gasóleo profesional específico para el sector agrícola y ganadero, además de un desarrollo efectivo del uso de los biocarburantes en España.
La Organización ha recordado el impacto económico que produjo en la agricultura española la elevación de los carburantes en años anteriores, que generó unas pérdidas acumuladas por el gasóleo agrícola de más de 670 millones de euros desde enero de 1999 a junio de 2000.
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